Se gastaron $24 millones en un relevamiento de tierras indígenas que nunca se completó

Pero el organismo que controla las cuentas del Estado, determinó en un informe, que en tres años sólo se relevó el 4,22 % de las comunidades, y que además se desconoce el destino del 70 % de los 24 millones de pesos que se giraron a las provincias para llevar adelante el programa.

La Auditoría General de la Nación informó que de los once Gobiernos que recibieron fondos destinados al efecto, seis de ellos nunca informaron en qué gastaron el dinero; el de José Alperovich es uno de ellos. La ANG definió que el relevamiento de Santa Cruz, Chubut, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán, como de: “Resultados ínfimos”.

“El Programa de Relevamiento Territorial –señala el informe de la AGN– ha logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación, sobre 1470 comunidades indígenas se relevaron las carpetas técnicas de 62, esto es el 4,22 por ciento”, señala un artículo del diario Clarín.

En el medio nacional, también refieren que los voceros del El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), admitieron que existe un retraso,  que son varias las provincias que tienen sus cuentas en rojo y que por eso razón el Ministerio ya envió intimaciones.

EL INAI funciona bajo la órbita del Ministerio de DesarrolloSocial, y es el organismo encargado de llevar adelante el programa. Desde el ente relativizaron la auditoría y, oficialmente, según indica diario Clarín, reconocen que de las 1.600 comunidades hasta ahora sólo se relevaron 300. 

Aclaran también que al comienzo del programa estimaban que sólo debían relevar 600 comunidades, y no la totalidad de ellas. Y sostienen que uno de los principales problemas es la “superposición de jurisdicciones”. 

“Hay facultades concurrentes –dijo el vocero del organismo– y por eso no podemos avanzar, es complicado definir de quién es la jurisdicción, si de Nación o la provincia”.
Cabe destacar que en noviembre de 2009, se sancionó una nueva ley que fijó una prórroga de tres años.

La AGN también cuestiona que se haya contratado a la Universidad de Lanús para seleccionar personal y definir la operatoria del relevamiento: de los 11,5 millones de pesos que había recibido la UNLA, sólo se rindieron 3,2 millones.

Gustavo Macayo, abogado indigenista que actuó en la causa Benetton, señala que se van a blanquear las situaciones si realmente se quiere la titularización de las tierras para las comunidades y explicó que “el problema es que hay provincias como Neuquén que sólo ponen palos en la rueda, hay comunidades que no están ni enteradas de lo que tienen que hacer”.

El censo, sin embargo, aportó algunos datos: que son 955 mil –número cuestionado por las comunidades– y que la mitad de ellos no tienen ningún tipo de cobertura médica.

“El informe de la AGN –agrega Micaela Gomiz, abogada y representante de mapuches– es una muestra del estado en que está la ley. No se hizo nada. Pero el otro problema es que la ley no va a la cuestión de fondo ¿qué pasa después con esas tierras? ¿se va a reconocer la tierra que ocupan hoy o en la que vivieron siempre? Hay resistencia de gobiernos provinciales pero tampoco hay del gobierno nacional una iniciativa clara”.

Actualmente, las cuarenta familias de los Paichil Antriao viven en la ladera del cerro Belvedere. Los Paichil Antriao están en conflicto y ya tienen historia en desalojos y represión. Diez personas aseguran ser los propietarios de las 125 hectáreas que les quedaron. Manu Ginóbili es uno de ellos. Esta es una de las tantas comunidades a las que nadie llegó para hacer el relevamiento.