CATAMARCA

Cruzaron medio país con un permiso trucho y llegaron a destino

Una polémica se desató en las redes sociales tras saltar que vecinos de Andalgalá, que estuvieron en Buenos Aires, se desplazaron con permisos de circulación truchos. Los permisos contaban con la firma falsificada del gobernador Raúl Jalil. El propio primer mandatario dijo que en ningún momento autorizó permisos especiales. Por consiguiente, expresó que tampoco había firmado nada. La preocupación fue creciendo a medida que pasaban las horas por temor al COVID-19 y por los controles vulnerables que existen.


El escrito presentado tenía el presunto sello y firma del gobernador Jalil. Autorizaba a los ciudadanos Walter Diamante y Walter Romero a desplazarse desde Buenos Aires al departamento Andalgalá. Con esta documentación falsa los mencionados lograron evadir todas las barreras que encontraron en el camino. Incluso lograron formar parte de un contingente de afiliados de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), considerado de alto riesgo por tener enfermos oncológicos.

El recorrido habilitado por el falso permiso


De todas formas, Diamante y Romero lograron llegar a destino y el escándalo saltó después con los detalles de la osada travesía. Hay fotos y videos por distintos lugares de Buenos Aires, sin ninguna prevención e incluso jactándose de consumir drogas. En la documentación se afirma que se alojarían en el Hotel Presidente Perón. Asimismo, consta que el traslado fue aprobado por el Ministerio de Transporte de la Nación.


Mientras, hay personas que no pueden movilizarse para ir a trabajar o a las que les quitan el medio de movilidad con diferentes tipos de prohibiciones aplicadas por el gobierno catamarqueño. Por otro lado, los controles en las rutas se muestran vulnerables y parecen ser una cuestión de contactos políticos y judiciales. De hecho, aún no se presentó formalmente ninguna denuncia en la justicia que acompañe a la indignación del gobernador por verse involucrado en este hecho delictivo.


Una posible alternativa sería que estos permisos tuvieran impreso un código que pudiera ser escaneado en los controles camineros, para determinar autenticidad y legitimidad. Pero, no solo que no cuentan con esas herramientas tecnológicas, sino que tampoco las autoridades municipales o el COE corroboran aunque sea con una llamada al ministro de Seguridad si es que existen, y en qué formato, estos permisos especiales.

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