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Vicentin: la Justicia rechazó un pedido del gobierno

Esta propuesta había sido presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

Durante la semana, el gobierno de la nación le había solicitado a la Justicia Federal que el concurso preventivo de la empresa Vicentin quede en mano del fuero porteño. Esta propuesta había sido presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. A pesar de la solicitud del Poder Ejecutivo, la jueza María Alejandra Biotti rechazó el pedido y la causa seguirá a cargo de Lorenzini.

El pedido del Ejecutivo planteaba la incompetencia del juzgado santafesino para declarar la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020. Este estableció la “intervención transitoria” de Vicentin. También en contra de cualquier otra medida cautelar que se presente al respecto. El gobierno aclaró que este fallo fue un pedido directo de los dueños de la compañía.

Dos días después del pedido, el juez del concurso, Fabián Lorenzini, hizo lugar al amparo de los exdirectivos de Vicentin. Los repuso en los cargos por un plazo de 60 días, decisión que el gobierno entendió que “contravino las disposiciones en materia de asignación de competencias a los órganos jurisdiccionales”. Por eso propuso que el expediente se traslade al Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.

La justificación de Biotti

La jueza consideró, citando jurisprudencia, que “la competencia en razón del territorio obedece a la proximidad del órgano judicial”. “No resulta razonable que un tribunal situado a casi 800 kilómetros de la localidad de Avellaneda, provincia de Santa Fe, entienda en una acción dirigida a cuestionar la validez constitucionalidad del DNU N° 522/2020. Cuyos efectos, como se dijo, se producen casi con exclusividad en ese lugar”, argumentó Biotti.

Por último, el Biotti mencionó que “adoptar una solución contraria, que no atienda al lugar en el que el acto cuestionado produce sus efectos. Implicaría, por un lado, vaciar de contenido a la jurisdicción de los tribunales federales con asiento en las provincias. Por el otro, obligar irrazonablemente a los demandantes a litigar de manera exclusiva en la Capital Federal”.