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Alberto Fernández derogó el DNU que permitía la intervención de Vicentin

El Presidente manifestó que no está dispuesto a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada.

En la tarde de hoy, el Presidente Alberto Fernández, mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) decidió suspender  la intervención y expropiación de la cerealera Vicentin. Dicha medida había sido anunciada el pasado 9 de junio, sin embargo el Gobierno Nacional ha decidido hacer marcha atrás con esta decisión tan repudiada por la derecha argentina.

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, escribió el Presidente Alberto Fernández en su cuenta personal de Twitter. Según Fernández, el juez interviniente en el curso “no ha permitido hasta aquí” que el Estado pudiera saber sobre cuál es el pasivo real de esta compañía.

Asimismo, el magistrado también ha impedido el acceso de la intervención a su gestión. “Y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, detalló el Jefe de Estado mediante un hilo de publicaciones de su cuenta personal de Twitter.

Además puso mucho énfasis en que “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”. Al mismo tiempo que manifestó que la intención “siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”.

También añadió que es importante que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. Como así también dijo que la intervención por 60 días era fundamental para conocer el verdadero estado patrimonial de Vicentin, sin embargo, “en estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, concluyó Fernández.