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El ENRE planteó la posibilidad de una tarifa de transición

El nuevo valor debería comenzar a regir a mediados de marzo próximo y será de transición.

El Gobierno Nacional comenzó el proceso de análisis y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica. La discusión se dio a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en conjunto con autoridades del oficialismo. El nuevo valor debería comenzar a regir a mediados de marzo próximo y será de transición.

Las resoluciones 16/2021 y 17/2021 del ENRE establecieron el inicio del procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas. Estas tienen como objetivo establecer un Régimen Tarifario de Transición hasta que se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación. A mediados de diciembre del 2020, el Gobierno Nacional determinó la permanencia sin cambios de las tarifas de luz y gas vigentes hasta el 15 de marzo.

El decreto 1020/2020 estableció que “el plazo no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse los acuerdos correspondientes a las RTI vigentes”. También creyó conveniente establecer un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios. Este régimen deberá tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad.

Estas resoluciones del ENRE intentan establecer una tarifa de transición; para la misma se realizarán audiencias públicas con la participación de usuarias y usuarios. Además, asistirán transportadoras y distribuidoras de la energía eléctrica. El Ente convocó a las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Edenor y Edesur, a participar del proceso.

En la segunda resolución se incluyó a las transportadoras: Transener, Tranba (Buenos Aires); Transpa (Patagonia); Transco (Comahue); Transnea (Noroeste); Transnoa (Noroeste); Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). El Ente facilitará la realización de diversas instancias de participación ciudadana, convocando a usuarios y a las asociaciones de defensa del consumidor.

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