En el marco de la disputa que envuelve al proyecto minero de Agua Rica, hace unos días el Secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone, salió a aclarar algunas cuestiones sobre el rechazo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) al proyecto, sin embargo, se conoció que sus palabras fueron mentira. Durante su descargo, el funcionario se refirió a una Declaración de Impacto Ambiental y aseguró que el Gobierno provincial la había dado de baja por sus irregularidades, pero esto no fue lo que realmente ocurrió.
“Cuando llegamos, con este gobierno, dijimos que la DIA del 2008 no tiene la consistencia técnica, la consistencia ambiental y se lo dio de baja”, expuso en diálogo con radio Valle Viejo, señalando que al ser de hace varios años atrás, las legislaciones cambiaron, al igual que los sistemas de control. Sin embargo, este hecho está lejos de ser real, ya que la DIA no fue dada de baja desde la Secretaría de Estado de Minería sino desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De hecho, el organismo de Estado no la bajó sino que la aprobó pero con observaciones, es decir, de forma irregular. Ante esta situación, la propia sociedad de Andalgalá, en donde se encuentra el yacimiento, tomó cartas en el asunto y logró que se judicialice, llevando el tema hasta la Corte Suprema. Allí alertaron que el accionar de la Secretaría no había sido la correcta, ya que una Declaración de Impacto Ambiental se aprueba o desaprueba en su totalidad. Como resultado, se la deja sin efecto.
Así, queda expuesta una maniobra de manipulación de la información por parte de la Secretaría de Minería, que no tiene otro objetivo más que engañar a la población, de la cual un sector mantiene una posición anti minería. Pero, lejos de llevarles tranquilidad, sus falsas palabras solo aumentan el rechazo de la sociedad por los proyectos mineros, un grave problema para el Gobierno, sobre todo después de que la Corte Suprema se expidiera sobre el tema.
Es que, además de dejar sin efecto la DIA, el órgano judicial también estableció que es obligatoria la participación social en los proyecto mineros, para evitar una nueva judicialización y caída de la iniciativa. Hasta el momento, este requisito no se encuentra reglamentado y si bien desde el Gobierno creen que con realizar mesas de diálogo para informar a la población del proceso minero cumplen con esta condición, la Corte Suprema no cuenta estas interacciones como una verdadera participación activa, por lo que los problemas siguen rodeando a Agua Rica y los intereses empresariales.
