La gestión de Jalil atraviesa un periodo de intensa presión política y social hacia mediados de 2026. Esta situación responde a una crisis generalizada en los servicios esenciales que afecta a toda la provincia de Catamarca. La convergencia de demandas en salud, educación e infraestructura marca la agenda del Ejecutivo provincial actualmente.
En materia sanitaria, los cuestionamientos hacia la cúpula ministerial se intensificaron tras graves fallas edilicias en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón. Se registraron filtraciones de agua en el área de emergencias, lo que generó un fuerte malestar comunitario el pasado 24 de mayo. Por consiguiente, los manifestantes solicitaron formalmente la renuncia de la Ministra de Salud, Johana Carrizo.
Además, el clima social se ve afectado por el impacto de los nuevos aumentos en el transporte público de pasajeros. A partir del 4 de junio de 2026, el boleto mínimo de colectivo alcanzará los $1.600 en toda la provincia. Este incremento representa un golpe directo al bolsillo de los usuarios catamarqueños en un contexto de alta inflación.
Crisis educativa y salud en la gestión de Jalil
La crisis también golpea al sistema educativo provincial, donde la falta de recursos humanos ha provocado medidas de fuerza extremas. Por ejemplo, los padres tomaron recientemente la Escuela N° 275 de Las Cañas, en el departamento Santa Rosa. Allí denunciaron públicamente la ausencia de docentes de grado para cubrir las vacantes necesarias para el normal dictado de clases.
En este establecimiento, la situación es crítica ya que la directora es la única docente que dicta clases para todos los niveles. Ella debe asumir todas las funciones pedagógicas y administrativas ante la inacción oficial de las autoridades correspondientes. Esta problemática evidencia un abandono escolar creciente en el interior profundo durante la gestión de Jalil.
Por otro lado, más de 60 alumnos de El Portezuelo cumplieron tres semanas sin asistir a sus clases habituales por problemas logísticos. La interrupción se debe a la suspensión del transporte escolar por deudas acumuladas del Ministerio de Educación con los prestadores locales. Como resultado, la trayectoria escolar de estos jóvenes se encuentra actualmente paralizada por la falta de pago estatal.
Finalmente, la infraestructura vial y la presión salarial completan el complejo panorama que debe resolver la gestión de Jalil. El 60% de las rutas provinciales presenta un estado avanzado de deterioro por la falta de inversión en mantenimiento preventivo. En paralelo, los gremios municipales exigen un sueldo básico de $1 millón para compensar la pérdida del poder adquisitivo actual.
