La Municipalidad de Tinogasta generó una fuerte polémica tras implementar una tasa municipal Tinogasta de 25.000 pesos. Este tributo afecta directamente a los vehículos de carga pesada que transitan por la jurisdicción local. David Elías Nieto, presidente de la Cámara de Transportes de Catamarca (CTC), lidera el reclamo institucional. Según la entidad, esta medida representa un obstáculo severo para la logística productiva provincial.
Nieto formalizó su pedido ante el Concejo Deliberante de Tinogasta para exigir la remoción inmediata del gravamen. El dirigente calificó la cifra como excesiva y carente de sustento técnico sólido. Además, destacó que el cobro distorsiona los precios del transporte en un contexto económico complejo. Por lo tanto, el sector espera una respuesta legislativa que revierta la disposición vigente.
Impacto legal de la tasa municipal Tinogasta
La Cámara sostiene que la normativa funciona como un peaje urbano encubierto sin contraprestación de servicios. Los transportistas aseguran que no reciben beneficios directos por abonar dicho monto en cada viaje realizado. Por esta razón, cuestionan la constitucionalidad de la medida ante las autoridades municipales correspondientes. El reclamo busca restablecer un marco de equidad tributaria para las empresas del sector.
El cuestionamiento legal también alcanza el ámbito internacional por la afectación al comercio interjurisdiccional. Los expertos señalan que esta carga impositiva violaría el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT) del Mercosur. En consecuencia, el flujo de mercancías entre provincias y países vecinos se ve comprometido por estas barreras locales. Esta situación genera incertidumbre en los operadores logísticos que utilizan las rutas de Catamarca.
Existe una contradicción evidente entre la política de atracción de inversiones y la creación de nuevos tributos. Mientras la provincia busca fomentar el desarrollo económico, la tasa municipal Tinogasta impone costos adicionales a la producción regional. Por ejemplo, los productos locales pierden competitividad frente a otras zonas con menor presión impositiva. Así, el clima de negocios se ve afectado por decisiones administrativas que encarecen el transporte.
La asfixia financiera resultante pone en peligro la estabilidad de numerosas empresas transportistas catamarqueñas. La CTC advirtió que los daños económicos acumulados podrían derivar en una reducción de las plantillas de personal. Sin embargo, el municipio mantiene la vigencia del cobro a pesar de las alertas sobre la posible pérdida de empleos. El sector solicita priorizar la sostenibilidad de las fuentes laborales ante la recaudación fiscal.
Finalmente, los empresarios demandan mayor seguridad jurídica para operar sin arbitrariedades en el territorio provincial. Es fundamental revisar la estructura de costos para no comprometer el futuro del comercio regional y nacional. En este sentido, la Cámara de Transportes de Catamarca instó a un diálogo constructivo con el Gobierno de Catamarca. Solo mediante un consenso se podrá garantizar un sistema de transporte eficiente y competitivo para todos.
