El gobernador Raúl Jalil sostiene un discurso donde el modelo minero de Raúl Jalil es presentado como el único motor de desarrollo para la provincia. Sin embargo, tras décadas de explotación, los indicadores sociales revelan un escenario contradictorio marcado por el estancamiento económico. La pobreza estructural cuestiona hoy la eficacia de las políticas extractivistas impulsadas por el oficialismo provincial.
Además, Catamarca se ha transformado en la única jurisdicción de Argentina que registró un decrecimiento económico acumulado en las últimas dos décadas. Según datos técnicos, "la provincia se convirtió en la única del país con decrecimiento económico acumulado". Este fenómeno ocurre a pesar de las constantes promesas de prosperidad vertidas por el Poder Ejecutivo local.
En consecuencia, el Producto Bruto Geográfico (PBG) por habitante cayó un 0,7% entre los años 2004 y 2024. Las estadísticas oficiales confirman que "el Producto Bruto Geográfico por habitante cayó un 0,7% entre 2004 y 2024, incluso en pleno “boom” de inversiones". Por lo tanto, el modelo minero de Raúl Jalil no ha logrado revertir la tendencia de empobrecimiento relativo de la población.
Por otro lado, el panorama social en el Gran Catamarca es alarmante según los relevamientos del INDEC. El informe oficial detalla que "el 45,8% de los habitantes del Gran Catamarca se encuentra bajo la línea de pobreza y la indigencia trepa al 9,6%". Estas cifras evidencian que el derrame económico prometido por la actividad minera no ha llegado a los sectores más vulnerables.
El impacto del modelo minero de Raúl Jalil
No obstante, la precariedad también se extiende al mercado laboral formal de la provincia. Actualmente, la tasa de ocupados demandantes alcanza el 20,3%, lo que revela que los puestos creados son insuficientes. Esto implica que dos de cada diez trabajadores deben buscar activamente un segundo empleo para poder cubrir sus necesidades básicas mensuales.
Por ejemplo, la falta de controles estatales ha derivado en intervenciones directas de la Justicia de Catamarca. Recientemente, se frenó la actividad en el Salar del Hombre Muerto porque los permisos carecían de un estudio de impacto acumulativo. Este fallo judicial pone de manifiesto las irregularidades en la fiscalización de los proyectos que integran el plan económico provincial.
Finalmente, el costo ambiental incluye una condena contra Minera Alumbrera por contaminar suelos y agua con metales pesados. Asimismo, una excavación destruyó un yacimiento arqueológico en El Rodeo sin contar con los permisos legales requeridos por la normativa. Este escenario refleja una gestión que prioriza el extractivismo por sobre la protección del patrimonio y la calidad de vida.
