El cierre de la planta industrial del Grupo Dabra en Sumalao, departamento Valle Viejo, abrió un nuevo frente de cuestionamientos hacia la gestión provincial debido al impacto laboral y económico que dejará la salida de una de las industrias radicadas en Catamarca. La situación volvió a poner en debate la capacidad del Gobierno para sostener el empleo privado y acompañar al sector productivo.
Pedido de informe en la Legislatura
Ante este escenario, el diputado provincial Luis Fadel presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre las circunstancias que derivaron en el cierre de la empresa y las acciones implementadas para evitar la pérdida de puestos de trabajo.
La iniciativa apunta a determinar si el Gobierno provincial tenía conocimiento previo de la situación y cuáles fueron las gestiones realizadas para intentar preservar la actividad industrial. El planteo surge en medio de crecientes críticas a la débil política de desarrollo productivo impulsada en los últimos años y a la falta de respuestas concretas frente a las dificultades que atraviesan distintas empresas.
Impacto económico y social en la región
Según los fundamentos del proyecto, la desaparición de una planta industrial genera consecuencias que exceden a los trabajadores despedidos. El impacto alcanza también a proveedores, transportistas, comercios y prestadores de servicios que dependen directa o indirectamente de la actividad económica que genera la fábrica.
Otro de los aspectos que genera preocupación son las versiones que indican que la empresa habría decidido reemplazar la producción local por productos importados desde Brasil. De confirmarse, el hecho expondría las serias dificultades de competitividad que enfrenta la industria provincial y pondría en evidencia las limitaciones de las políticas oficiales para proteger la producción local.
Transparencia sobre los beneficios estatales
Fadel también pidió conocer si la firma recibió beneficios estatales durante los últimos cinco años, incluyendo exenciones impositivas, subsidios, créditos promocionales o programas de asistencia económica. El objetivo es establecer si existieron herramientas públicas destinadas a sostener la actividad y cuál fue el resultado de esas medidas.
El cierre de Dabra vuelve a instalar interrogantes sobre el rumbo económico de la provincia y sobre la efectividad de las estrategias impulsadas por la administración de Raúl Jalil para fortalecer el empleo privado. Mientras crece la incertidumbre entre los trabajadores afectados, la oposición reclama explicaciones ante lo que considera una nueva señal de fragilidad productiva y de escasa capacidad de reacción estatal frente a una crisis que impacta de lleno en la economía local.
