La reciente aprobación de la ley de fomento del astroturismo fue presentada por el Gobierno provincial como un avance histórico para posicionar a Catamarca como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el anuncio también volvió a poner en evidencia las contradicciones de una gestión que busca expandir la actividad turística mientras todavía enfrenta serias falencias de control y fiscalización en distintos puntos de la provincia.
La nueva legislación, impulsada por la diputada Natalia Ponferrada, apuesta a convertir los cielos catamarqueños en un atractivo turístico capaz de generar empleo y desarrollo en comunidades rurales. La iniciativa fue celebrada como una herramienta innovadora para diversificar la oferta turística y aprovechar las condiciones naturales que posee la provincia.
No obstante, el entusiasmo oficial contrasta con una realidad que el propio Gobierno reconoció semanas atrás. Desde el área de Turismo admitieron la existencia de una creciente cantidad de prestadores informales que operan sin habilitación, especialmente en destinos estratégicos como la Puna, Fiambalá, Belén y Tinogasta.
La situación expone una preocupante debilidad estatal en materia de fiscalización. Mientras se promueven nuevos productos turísticos y se anuncian ambiciosos planes de desarrollo, numerosos operadores continúan trabajando fuera de los marcos legales, generando competencia desleal y poniendo en riesgo la seguridad de los visitantes.
A esto se suman denuncias vinculadas a daños ambientales registrados en algunos destinos turísticos. Uno de los casos más mencionados fue el de la Laguna Celeste, donde se reportaron impactos sobre el entorno natural por actividades desarrolladas sin los controles adecuados. Para diversos sectores del turismo formal, estos episodios reflejan una insuficiente capacidad de supervisión por parte de las autoridades provinciales.
Prestadores registrados también advierten que la informalidad afecta directamente la sustentabilidad económica del sector. Mientras los operadores habilitados deben cumplir con seguros, impuestos y requisitos técnicos, quienes trabajan fuera del sistema logran ofrecer precios más bajos sin asumir las mismas obligaciones, profundizando una situación considerada inequitativa y perjudicial para quienes cumplen con las normativas vigentes.
En este contexto, la ley de astroturismo aparece como una oportunidad para potenciar nuevos destinos y actividades, pero también como un desafío para una administración que deberá demostrar que puede garantizar reglas claras y controles efectivos. De lo contrario, advierten referentes del sector, el riesgo es que los anuncios de crecimiento turístico queden opacados por problemas estructurales que la gestión provincial aún no logra resolver.
