Las denuncias contra Aguas de Catamarca volvieron a poner bajo la lupa la gestión provincial luego de que el diputado nacional Francisco Monti cuestionara los presuntos cobros por servicios que, según afirmó, no se prestan en distintas localidades del interior. El planteo reavivó las críticas hacia una administración que acumula cuestionamientos por la calidad de los servicios públicos mientras continúa incrementando la presión sobre los contribuyentes.
Irregularidades en la facturación del servicio
Según expuso el legislador, existen casos donde vecinos reciben facturas de agua pese a no contar con un servicio efectivo o incluso en zonas donde la infraestructura necesaria directamente no existe. La situación fue calificada como una muestra de las graves falencias administrativas que atraviesan organismos y empresas dependientes del Estado provincial.
La denuncia apunta directamente contra la empresa estatal y, por extensión, contra la conducción política del Gobierno de Raúl Jalil. Para numerosos usuarios, resulta inadmisible y abusivo que se emitan boletas por prestaciones inexistentes mientras persisten reclamos históricos vinculados a cortes, baja presión y deficiencias en la red de distribución.
Acciones legales y pedidos de relevamiento
Frente a este escenario, Monti informó que presentó un pedido formal para que Aguas de Catamarca realice un relevamiento integral y suspenda el cobro de aquellas facturas vinculadas a servicios no prestados. Además, solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar la protección de los derechos de consumidores y usuarios afectados.
La polémica también llegó al ámbito legislativo. El dirigente impulsó un proyecto para exigir que la empresa provincial abandone estas prácticas y brinde explicaciones detalladas sobre los criterios utilizados para facturar en sectores donde existen denuncias reiteradas por ausencia o deficiencia del servicio.
Críticas a la gestión de servicios públicos
El caso alimenta las críticas contra una gestión que exhibe una actitud burocrática, poco transparente y alejada de las necesidades reales de los ciudadanos. Mientras el Gobierno provincial destaca anuncios de inversión y desarrollo, numerosos vecinos aseguran enfrentar problemas cotidianos vinculados a servicios básicos esenciales.
La controversia abre un nuevo frente para la administración de Jalil, que deberá responder si efectivamente se están cobrando prestaciones inexistentes y por qué no se corrigieron estas situaciones con anterioridad. Para la oposición, el episodio refleja una preocupante falta de control estatal y una política que termina trasladando costos a los usuarios sin garantizar contraprestaciones reales.
La discusión ya no gira únicamente sobre las boletas de agua, sino sobre la responsabilidad del Estado provincial en la administración de servicios públicos fundamentales y el respeto a los derechos de los catamarqueños.
