La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero salió a apoyar al proyecto del aborto legal y gratuito y a los parlamentarios nacionales que votarán a favor del mismo en el Congreso. Junto a la directora del Observatorio de Derechos Humanos Género y Diversidad de la Cámara baja de la Legislatura, Gretel Galeano, manifestaron su apoyo y emitieron un contundente comunicado.
Señalaron que la iniciativa que se está discutiendo “integra la demanda del movimiento de mujeres, feministas y disidencias desde hace más de treinta años y de la activa militancia de quienes integran la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Es de conocimiento público que las organizaciones sociales de la provincia vienen registrando, documentando y visibilizando lo que significa transitar una situación de aborto en el territorio catamarqueño y por esta razón es importante que este proyecto sea ley. Por ello se insta a las diputadas y diputados nacionales a acompañar con el voto a favor”.
“Una política de Estado, pública, no debe atarse a preceptos o creencias religiosas particulares. El proyecto sienta postura en relación al aborto como un problema de salud pública, por lo que es importante y urgente abordarlo desde políticas públicas integrales. El Estado debe garantizar el derecho a la salud de la población, particularmente de las mujeres y las niñas”, manifestaron Cecilia Guerrero y Gretel Galeano en el contundente documento que fue publicado en la web de la Cámara de Diputados de la Provincia.
“Como se señala en un informe que presentó la Red de Profesionales De La Salud Por El Derecho A Decidir –advirtieron- desde el 2015 en nuestra provincia se realiza asistencia desde el equipo sanitario a aquellas personas gestantes que se encuadran en causales para la interrupción legal del embarazo, fortaleciéndose un equipo multidisciplinario en el 2017 con psicólogas, asistente social, médicas y obstetras, primero en Maternidad Provincial y luego en la ciudad de Belén”.
“Las y los integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir son partícipes directos de la aplicación del Protocolo ILE. Su trabajo no induce al aborto libre sino que da respuesta a una demanda de salud existente, de mujeres reales que no deben ser juzgadas ni discriminadas ni mucho menos expuestas a entornos de riesgo. Acompañar el proyecto implica un avance para quienes vienen trabajando hace años, un avance en poder ser accesible a todas las mujeres, un avance en poder contar con la medicación y métodos adecuados y necesarios para abortos seguros y un avance hacia la aprobación de derechos para aquellas personas más vulnerables que solicitan y necesitan respuesta del sistema de salud”, finaliza el documento.
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