El gobierno de la nación tiene pensado estatizar diferentes rutas que estén deterioradas o en las que las empresas no cumplan con las inversiones acordadas. En algunos caminos ya tomó la decisión de no renovar los contratos para que la administración quede en manos de Vialidad. Fuentes cercanas a Alberto Fernández aseguraron que harán un auditoria.
Es común que al viajar por las diversas rutas nacionales que están en manos de empresas privadas observemos distintos pozos y otras falencias. Por esta razón, el gobierno de Alberto Fernández tiene pensado evaluar todas las concesiones de los distintos caminos, y en los casos en los que se detecten incumplimientos se tomará la decisión de romper el contrato.
El gobierno dará a conocer en las próximas semanas, cuando finalice la auditoría, cuáles serán las rutas, autovías y autopistas que volverán a manos del Estado, para ser administradas en adelante por Vialidad Nacional, y sin que por ahora estén previstas licitaciones para volver a concesionarlas. Según pudo averiguar esta agencia, la primera ruta en volver a manos del estado será la 34 General Martín-Miguel de Güemes.
Otras rutas sobre las cuales se vencen los contratos y no ser reconcesionadas son la 188 en la provincia de Buenos Aires, la ruta 9 en Santiago del Estero, la 8 y 36 en San Luis, y la 19, que une las provincias de Santa Fe y Córdoba. Las fuentes consultadas explicaron que no habrá rupturas de contratos, sino que el Gobierno aprovechará para tomar el control de las rutas porque vencen las concesiones que hoy están en manos de diferentes empresas.
Por otro lado, en declaraciones radiales, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, criticó la política vial del macrismo y anunció que el gobierno se dispuso a revisar las concesiones también de los accesos Norte y Oeste, “que ya están judicializadas”. Por otro lado, el gobierno ha decidido no continuar con las políticas de Participación Público Privadas (PPP) que el macrismo intentó impulsar en su gestión.
Fuente: NA