El gobierno de Alberto Fernández viene dejando sin efecto una gran cantidad de medidas que había tomado la gestión de Maurico Macri. En la mañana de este jueves, derogó el DNU 795/2019. El mismo establecía una agencia nacional de testigos e imputados y volvió a quedar la normativa del 2003. Esto fue publicado en el Boletín Oficial.
El Intransigente informó que la medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial. “No existieron circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”. Así expresa la normativa oficializada hoy, la decisión del Gobierno.
Además, agregaron que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional. Máxime cuando el funcionamiento del programa se mantuvo sin variación durante más de 16 años. Hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.
La creación del DNU en el gobierno anterior
Con esta determinación el programa volverá a sus orígenes. Funcionará “tal como fue creado por la ley que le dio origen y sus normas complementarias”. De este modo, continuará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pero con el organigrama anterior. En la gestión de Macri, el programa adquirió autonomía funcional en su implementación.
Según el DNU 795/2019 el objetivo de esta Agencia era garantizar la seguridad de las personas que colaboraran “de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”. Para esto, decidieron llevar adelante “medidas especiales de protección”, como el cambio de domicilio o la custodia personal. La creación de esta Agencia se justificaba en que protegía a personas que brindaron información en investigaciones judiciales. Específicamente en las vinculadas a delitos dentro de la función pública.