El País

Ley de alquileres: el Senado empieza a tratar el proyecto

Una de las reformas que proponen es estirar el plazo mínimo de alquiler de dos a tres años.

Ley de alquileres

Luego de recibir media sanción en la Cámara Baja, el proyecto de ley de alquileres se empezará a tratar en el Senado este martes 2 de junio. La iniciativa apunta a equilibrar las relaciones contractuales entre los 8 millones de inquilinos del país y los propietarios de las viviendas. Una de las reformas que proponen es estirar el plazo mínimo de alquiler de dos a tres años.

NA informó que la iniciativa, que modifica el Código Civil y Comercial de la nación, será debatida este martes a las 15:00. Esto mediante una reunión por videoconferencia de la Comisión de Legislación General que preside la senadora correntina del Frente de Todos, Ana Claudia Almirón. Además de llevar el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, el texto aprobado en Diputados dispone una actualización anual del precio de todos los contratos (independientemente de su valor).

Esto se realiza en base de una fórmula de indexación mixta. Combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).
Otra de las reformas que introduce el proyecto de ley de alquileres que se tratará en el Senado tiene que ver con la disposición del depósito de entrada. Este no puede representar un monto mayor al valor del primer mes de alquiler.

A su vez, se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía. No solo se admitirán inmuebles de terceros. También se recibirán recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios. En tanto, se fija que los gastos de expensas extraordinarios quedan a cargo del propietario y no del inquilino.

Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato de alquiler y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización. Esto si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo. El proyecto, además, obliga a que la totalidad de los acuerdos sean inscriptos ante la AFIP. Quieren evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal.

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