El pasado martes, el juez Villena ordenó un megaoperativo para detener a 22 personas. Todos están involucrados en la causa por el presunto espionaje ilegal que se llevó a cabo durante la gestión del expresidente, Mauricio Macri. Entre los detenidos hay funcionarios cercanos al exmandatario y varios exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia. En la jornada de este jueves varios acusados se presentarán ante el magistrado.
Según informaron fuentes judiciales, están citados para hoy a las 9:30 Susana Martinengo (exjefa de Documentación Presidencial), y le siguen Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio “Turco” Sáez, Leandro César Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta y Mercedes Funes Silva. La primera pidió la prisión domiciliaria debido a que tiene 64 años e integra un grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus. La fiscal del caso accedió a otorgar el beneficio.
Otra de las detenidas, Mercedes Funes Silva está desde ayer con prisión domiciliaria. Esto debido a que tiene dos hijos chicos y su marido es policía, por lo cual era necesaria su presencia en el hogar para el cuidado de ambos durante el aislamiento preventivo y obligatorio por el Covid-19. Ayer, la primera tanda de indagatorias en la causa incluyó preguntas sobre maniobras de espionaje ilegal al titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.
Varios detenidos accedieron a responder preguntas en la ronda de declaraciones de ayer. Según pudo reconstruir Télam, el temario versó sobre espionaje ilegal contra los dirigentes políticos Diego Santilli y Graciela Camaño. También sobre trabajos realizados para un programa de televisión y seguimientos al titular del máximo tribunal. En tanto, para el próximo lunes, también a las 9:30, se dispuso la indagatoria para Alan Ruiz.
La orden de Federico Villena
El juez Villena ordenó detener a 22 personas en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos. En la resolución en la que dispuso las detenciones, advirtió que “la magnitud de la estructura ilícita reseñada, cuya inserción abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local, permite presumir que quienes habrían participado en los hechos pueden eludir la aplicación de la ley”.