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¿Se viene un nuevo bono del gobierno?

El mismo propone una ayuda de 5 mil pesos para aquellos trabajadores de comedores y merenderos comunitarios.

Bono

Actualmente, el gobierno de la nación está pagando el Ingreso Familiar de Emergencia. Este programa se sacó para ayudar a las personas en medio de la pandemia del coronavirus. En este contexto, el diputado del Frente de Todos, Leonardo Grosso, presentó un proyecto en la Cámara Alta. El mismo propone un nuevo bono de 5 mil pesos para aquellos trabajadores de comedores y merenderos comunitarios.

El Intransigente informó que el funcionario confirmó el proyecto y lo publicó en sus redes sociales, destacando que en este contexto sanitario es donde verdaderamente se siente el esfuerzo popular en todo el territorio nacional. “En los momentos más difíciles es donde verdaderamente se siente el esfuerzo popular de aquellos que a lo largo y ancho de nuestro país se organizan porque no quieren resignarse a vivir en un mundo que continúa dándoles la espalda”, publicó en Grosso.

Luego, Grosso, ahondó más sobre su iniciativa. “Por eso presentamos un proyecto de Ley para reconocer a las trabajadoras de merenderos y comedores comunitarios que además de no parar de trabajar durante la pandemia, tuvieron que triplicar sus esfuerzos. Ellas son heroínas garantizando el derecho a la alimentación de todos”, expresó funcionario en otro tuit.

“El proyecto consiste en otorgarles un bono mensual de $5.000 que recibirán a partir de junio hasta el fin de la Emergencia Sanitaria. Nuestras compañeras le ponen el cuerpo a esta crisis con organización popular y no basta con agradecerles, hay que reconocer su trabajo”, detalló. A la cadena de tuits, el funcionario le agregó el PDF con la presentación del proyecto de ley.

El costo para el Estado

Además, el proyecto de ley intenta ser un homenaje a Ramona Medina, militante y referente de la Garganta Poderosa. Era vecina de la Villa 31 y falleció en los últimos días luego de contraer coronavirus. Actualmente en el país hay alrededor de 7.000 comedores y merenderos, por lo que, de aprobarse esta ley, el Estado incurriría en un gasto fiscal que ascendería a $210 millones mensual.

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