Tinogasta es una olla presión por la entrega politizada de las casas nuevas del IPV que se encuentran detrás de Gendarmería. Un caso que movilizó a la comunidad se relaciona con una familia que tiene una joven con discapacidad y que ya tenía adjudicada su “casa adaptada” pero a último momento se le quitó la vivienda y se la dieron a una persona “normal”. El descontento crece por lo que las autoridades municipales y provinciales quieren hacer un acto cerrado en el NAC para entregar llaves a espaldas de la gente que reclama transparencia.
La mujer que se quedó sin su casa adaptada es Karina Gabriela Tello, una mamá que tiene a su hija con discapacidad, en su lugar pusieron a una persona de apellido Robledo que aseguran tiene una propiedad a su nombre. El listado de beneficiarios cambió en el transcurso de horas y generó una fuerte polémica en la comunidad tinogasteña donde todos se conocen. Ahora la familia Tello debe lidiar con la enfermedad y además con las injusticias del sistema.
Los compromisos políticos y familiares ganaron los casilleros disponibles por lo que se especula con una entrega simbólica y a las apuradas de las autoridades por temor a la reacción de la gente que no pueden dejar por sentado por ninguna vía la queja, no hay disponible ninguna oficina del organismo ni sitio de internet que recepcione los reclamos antes de que le estallen en la cara a un oficialismo que se dejó llevar otra vez por la tentación de quedarse con todo.
Por este motivo, se evalúa hacer un acto simbólico en un espacio físico frente a la municipalidad de Tinogasta con custodia policial ante la versión de que podría existir cierta tensión social por la politización del listado y la evidente vinculación de beneficiarios con funcionarios del municipio local, caso del viceintendente, Daniello Cerezo. Para hacer lugar a los compromisos hubo que deshacerse de beneficiarios que les correspondía la vivienda.
Algunos vecinos viajaron a la ciudad capital pagando un vehículo particular para conocer la situación real pero tras haber hecho el gasto de pagar 4 y 5 mil pesos por ese servicio, grande fue la sorpresa cuando hoy se desayunaron con un listado en el que no figuraban cuando ayer mismo les habían asegurado que no había ningún cambio. La información dada en el CAPE de SFVC no tiene nada que ver con lo que se publicó más tarde.
Esa maniobra se tomó como un acto desleal sin necesidad si realmente la modificación de beneficiarios fuera justificable, lo que implicaría jugar abiertamente y no provocar gastos innecesarios. La verdad es que se quedan sin casa habiendo hecho un esfuerzo económico inútil con una burocracia que termina matando la esperanza de que alguna vez los políticos hagan las cosas bien. En este contexto convulsionado estaría arribando mañana el Sr gobernador Raúl Jalil a Tinogasta, comuna administrada por el joven abogado Sebastián Nóblega.