El ministro de Seguridad y presidente del COE, Gustavo Aguirre aludió que el problema de los 24 contagios de los mineros es debido a la cantidad de huellas. Esto es uno de los pretextos utilizados en otras provincias de Argentina. A la cual el Ministro no quiso quedarse excluido a la hora de explicar las razones de los descuidos pertinentes a su área.
Durante la mañana de hoy, el presidente del COE declaró sobre la noticia que tiene en vilo a gran parte de la población. Prácticamente fue una respuesta a Brandán que cuestionó su accionar. De este modo aseguró que “desde la policía y el esquema de control estamos haciendo mucho hincapié en el ingreso para cuidar la población catamarqueña”. Por esta razón es que prevé una reunión con la UOCRA
“La frontera norte de la provincia tiene los controles correspondientes”, indicó Aguirre en una nota con un medio radial. A esto agregó “Por ejemplo, en Santa María tiene un control que ingresa por la ciudad y el otro en Ruta 40 con Gendarmería y el refuerzo de la policía de la provincia”. Estos dichos son una de las maneras que optó para llevar tranquilidad a los vecinos de la zona afectada.
¡Las huellas son el problema!
También explicó “En el caso de Antofagasta de la Sierra, que creo que es el caso concreto que planteó Brandán, tenemos una problemática en ese lugar: hay mucha huella porque es un desierto”. De este modo dejo claro que no hay un solo ingreso. Es así, que Aguirre señaló que hay innumerables posibilidades de acceder a través de los límites de la provincia.
“Mucha gente usa las huellas para llegar a Catamarca, entonces lo que se viene coordinando con Salta es ver quiénes salen y se informa quiénes son los que llegan” argumentó el ministro. Por ende, se estima que sería un sistema de control colaborativo para conocer específicamente sobre el ingreso a la población de Antofagasta de la Sierra. “Vamos a seguir tomando las decisiones para fortalecer la frontera norte”, manifestó.
En relación a las empresas mineras que están en el límite de Salta y Catamarca, remarcó que “no hay ninguna posibilidad de que entre a esa propiedad privada ninguna persona que no tenga una autorización”. Esto incluye tanto a la propia minera como a la policía. Al menos que posean una orden judicial. Considerándolo el único instrumento válido en casos así.
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