Polémica porque echarían a los empleados públicos que violen la cuarentena

En las últimas semanas, la curva de contagios de coronavirus aumentó exponencialmente en toda la provincia. Por esta razón, desde el COE de Catamarca vienen pidiendo conciencia y que la gente cumpla con las medidas de prevención. Ante la falta de responsabilidad de la población, el Comité de Operaciones de Emergencia indicó que los empleados públicos que rompan la cuarentena podrían despedidos.

Al respecto, el gobernador de la provincia aclaró: “Hay que ser muy cuidadosos, tenemos que ser responsables. Sabemos que en Catamarca la mayoría de la gente cumple la cuarentena y eso se observa en la situación epidemiológica. Hay un pequeño porcentaje que no lo cumple. Recibimos denuncias por las reuniones que se realizan en los domicilios todos los fines de semana”.

A su vez, en diálogo con Radio Valle Viejo, Raúl Jalil agregó: “No tenemos la capacidad logística para poder controlar todas las reuniones sociales que se realizan en nuestra provincia. Estamos evaluando una nueva medida, que la vamos a organizar con los sindicatos, para que sea causa de suspensión o despido la violación de la cuarentena”.

¿Cuáles son las sanciones que se indicaron para quienes rompan la cuarentena?

En la jornada de ayer, el Poder Ejecutivo de Catamarca indicó: “Ante la constante realización de reusniones sociales y otras actividades que pueden representar un peligro epidemiológico en el marco de la pandemia de Covid-19, el Poder Ejecutivo estudiará el pedido ante Nación para que las personas que no cumplen con la cuarentena sean sancionadas con la eliminación del acceso al Ingreso Familiar de Emergencia u otros beneficios sociales nacionales”.

Además, agregaron: “Se dialogará con los sindicatos locales para que -aparte de las sanciones que se apliquen mediante multas- se proceda al despido del personal público que incurra en incumplimientos graves. Se analiza que las personas propietarias de domicilios donde se realicen fiestas o reuniones sociales por fuera de los límites establecidos por la normativa vigente, sean eliminadas del registro de proveedores del Estado“.