(Por Diego Nofal) Uno de los temas más importantes que se tratará en la sesión de mañana, en la Cámara de diputados de la provincia de Catamarca es el proyecto de la diputada Mónica Zalazar. La parlamentaria impulsa una ley para “sancionar a las personas que divulguen noticias falsas relacionadas con el sistema sanitario provincial en relación al COVID-19”. La norma también establece penalidades para quienes “hagan trascender datos personales ajenos, con la finalidad de exponerlos ante la sociedad, estigmatizar o discriminar por su estado de salud” a quienes se hayan contagiado de coronavirus.
Junto a esa iniciativa la misma diputada, encaramada en la cuestión COVID-19, presentó un proyecto de ley para que se conmemore cada 3 de septiembre como “Día Provincial del Donante de Plasma Sanguíneo”. En los considerandos del proyecto la parlamentaria explica que ese día, en el Banco Central de Sangre de Catamarca, se realizó el primer procedimiento de obtención de plasma a un paciente que se había recuperado de COVID-19.
Reunión tensa
No todo fue calma ayer en la Legislatura provincial. El contrapunto más álgido tuvo lugar cuando la Comisión de Legislación General, a cargo de la oficialista Paola Fedeli, recibió a la directora del Boletín Oficial, Marita Regina. La funcionaria fue invitada para hablar sobre la iniciativa de Luis Lobo Vergara. El proyecto del diputado buscaba regular los plazos de las publicaciones a los efectos de que exista un orden de documentos e instrumentos legales.
Una vez terminada la reunión Regina habló ante la prensa y contó que expuso ante la comisión una serie de documentación para responder a cada uno de los acápites del proyecto de Lobo Vergara. En este sentido, consideró que “que los mismo no se corresponden con la realidad, por lo tanto los datos que propone el Diputado como motivación de dicho proyecto no poseen sustento legal en ningún Boletín Judicial”.
Contra la discriminación
Otro de los temas importantes que se trató y obtuvo despacho favorable fue la iniciativa de Marita Colombo, Natalia Herrera, Tiago Puente y Natalia Saseta quienes proponen “establecer en todo el ámbito del Sector Público Provincial la obligatoriedad de instaurar un Protocolo de Intervención ante situaciones de violencia, discriminación de género u orientación sexual o de cualquier otra forma de menoscabo de la dignidad de la persona humana”.
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