En Catamarca las voces a favor y en contra del aborto se multiplican, así como Médicos por la Vida envió una carta al Congreso, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir elaboraron un trabajo respecto de la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en la provincia y además manifestó su postura a favor de la interrupción voluntaria de la gestación.
“Desde el año 2015 en nuestra provincia se realiza asistencia desde el equipo de salud a aquellas personas gestantes que se encuadran en causales para la interrupción legal del embarazo, fortaleciéndose un equipo multidisciplinario en el año 2017 con psicólogas, asistente social, médicas y obstetras, primero en Maternidad Provincial y luego en la localidad de Belén. En nuestro país se conformaron equipos desde la salud pública para garantizar este derecho, siendo su objetivo principal el brindar información y su difusión, para acceder a distintas opciones entre ellas un aborto seguro, basado también en una contención integral multidisciplinaria. No se induce al aborto libre, se da respuesta a una demanda de salud existente, de mujeres reales que no deben ser juzgadas ni discriminadas ni mucho menos expuestas a entornos de riesgo”, señalaron.
La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y partícipes la integran más de 2000 profesionales de distintas generaciones y más de 500 equipos de salud a lo largo y ancho del país “que hacemos la atención directa, cara a cara. Somos el eslabón más concreto de la política pública, estamos ahí donde las leyes y los programas de salud se convierten en derechos para las personas, o en el otro extremo, se vulneran”.
“Acompañamos a las personas en cada momento de sus vidas, y respetamos su decisión cuando se encuentran frente a un embarazo no intencional, y deciden abortar. De manera federal, sorteamos las barreras para poder garantizar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, acompañando con amorosidad y respeto, brindando información clara y certera para que las personas puedan tomar decisiones autónomas, en un sistema de salud que muchas veces por criminalizar expulsa, violenta y empuja a procedimientos inseguros que ponen en riesgo la vida pero sobre todo la salud integral”, relataron.
“Realizamos prácticas seguras basadas en evidencia científica y ofreciendo los mejores estándares de calidad disponibles según las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales. Los abortos seguros no ocupan camas de internación, en un 95 % la atención es ambulatoria, en cambio las complicaciones por abortos clandestinos inseguros si requieren internación y en su mayoría de altos costos por ingresos a terapias intensivas”, explicaron.
“El aborto es claramente un problema de salud pública, y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas, así como es la responsabilidad de ustedes, estimados diputados y diputadas, legislar en favor de la salud de las personas. Como red de profesionales no acordamos bajo ningún punto de vista que se siga penalizando a las personas que eligen sus destinos y vidas. El aborto tiene que ser derogado del código penal. Necesitamos la ley para garantizar el acceso universal al misoprostol y a la AMEU (Aspiraciòn Manual EndoUterina) en todos los efectores de salud, y es esencial que la mifepristona sea aprobada para que esa atención sea de la mejor calidad”, señalaron para marcar su postura con respecto a la ley que se está tratando en el Congreso.
“Solicitar la IVE- el aborto legal implica un avance para estos equipos que ya vienen trabajando hace años, un avance en poder ser accesible a todas las mujeres, un avance en poder contar con la medicación y métodos adecuados y necesarios para abortos seguros y un avance hacia la aprobación de derechos para aquellas personas más vulnerables que solicitan y necesitan respuesta del sistema de salud. ¡Qué sea ley!”, concluyeron.
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