La situación de los detenidos es un tema de preocupación a nivel nacional, por el mandato constitucional de las condiciones de las cárceles. En ese contexto, el Gobierno de Catamarca llevó a cabo este jueves 23 de mayo una reunión con representantes de la Universidad del Litoral. Allí el Gobernador Raúl Jalil y funcionarios presentes se comprometieron a revisar la política Penitenciaria.
El Gobierno de Jalil se encargó de destacar fuertemente la potencia de este convenio. Precisó que el mismo permitirá la realización de una encuesta pionera en la provincia, dirigida a personas privadas de la libertad, con el objetivo de generar una serie de indicadores que evalúen la política pública penitenciaria de la provincia.
Se pretende, con esos indicadores, elaborar estrategias para reducir los niveles de reincidencia y mejorar los niveles de reinserción social. Al hacer esto, no solo se mejora la calidad de vida de las personas, sino que también se contribuye a disminuir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana, aclararon.
Según indicó el Gobierno provincial, la encuesta está diseñada para ser aplicada a una muestra representativa de los detenidos, analizará diversas dimensiones de la calidad de vida dentro de la prisión. “Esto permitirá crear un conjunto de indicadores que, a lo largo del tiempo, nos permitirá evaluar si la calidad de vida en las prisiones mejora o empeora”, dijo al respecto el profesor Máximo Sozzo, presente en el encuentro.
El proyecto se llevará a cabo en el Servicio Penitenciario de Catamarca, abarcando las dos unidades penitenciarias de varones y mujeres. Participarán estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, lo que facilitará un acercamiento entre la comunidad académica y el entorno penitenciario, ofreciendo una experiencia formativa valiosa para los estudiantes.
Este estudio de monitoreo que busca determinar la situación de los internos, ya fue concretado en unidades carcelarias de las provincias de Santa Fe y Chaco con resultados satisfactorios. Participaron de la reunión el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Fernando Ávila; la ministra de Seguridad, Fabiola Segura; la ministra de Economía, Alejandra Nazareno; la presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti; el fiscal General, Alejandro Gober y el decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno, entre otras autoridades.
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