Un nuevo hecho de inseguridad preocupa a los habitantes de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia. Un menor de edad, de apenas 11 años, intentó robar un cajero automático y expuso la realidad de una problemática que es negada por las autoridades pero que cada vez consigue hacerse con más niños y adultos. La inseguridad se convirtió en uno de los mayores problemas de la provincia catamarqueña.
Este hecho tuvo lugar a las cuatro de la madrugada y no llegó a ser perpetrado ya que, cuando el menor rompió la puerta posterior al cajero, se activó la alarma silenciosa. En minutos la policía se hizo presente y detuvo al joven. Esto tuvo lugar en el cajero ubicado en la calle Hipólito Irigoyen, en predio de la municipalidad de la capital de Catamarca. Este no fue un hecho aislado sino uno más de los que son denunciados por la sociedad. Sin embargo, desde la Secretaría de Seguridad, dirigida por Marcos Denett, poco se hace para cambiar esta realidad.
De hecho, desde el mismo interior de la institución policial se advierte que la política hecho a perder el accionar policial y que la politización devino en corrupción. Esto se suma a la falta de recursos materiales y humanos para mantener bajo control una provincia con la extensión y cantidad de habitantes que tiene Catamarca. Si bien en la capital se puede advertir en algunas esquinas la presencia de uniformados, en los barrios, en donde también entra en juego la droga, no hay presencia policial.
Mientras tanto, lejos de buscarle alguna solución o trabajar en el tema, los políticos niegan la realidad y estos problemas de inseguridad se profundizan. Además, no hay que dejar de lado, al exponer la situación de las fuerzas de seguridad, la corrupción que corroe a los efectivos, cuyas faltas muchas veces son tapadas por el propio Secretario y el Jefe de la Policía, Orlando Quevedo. Ejemplos de esto fue el pago de seguros a vehículos que no funcionan, la compra de combustible para autos abandonados, y demás.
Incluso ante denuncias internas, los acusados terminan siendo beneficiados, ya que consiguen alguna clase de ascenso, y los denunciantes son los castigados. Esto sin contar los favores políticos que tienen como resultado el acceso a las fuerzas de personas que no están capacitados para recorrer las calles con un arma. Junto con esta ineficiencia de las instituciones policiales también figura la falta de contención, desde la Subsecretaria de Salud Mental, a las miles de personas que caen en la droga. El problema no deja de complejizarse, sobre todo ante autoridades que miran para otro lado.
