La salida de Raúl Jalil de la intendencia de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital provincial, dejó una herencia de 4.500 empleados precarizados, de los cuales se deberá hacerse cargo su sucesor, Gustavo Saadi. Sin embargo, ante el temor de que estos trabajadores pusieran en jaque al municipio de la capital, ya se pusieron en marcha argumentos y mecanismos para desmantelar esta bomba en la que se transformarían los precarizados.
El problema fue originado en la gestión saliente, quien por compromisos políticos incorporó demasiados empelados, con la promesa de un pase a planta que nunca llegó. Ya a pocas semanas del cambio de gobierno, los precarizados llevaron sus protestas a la calle, lo que se tradujo en gas pimienta, forcejeos, vidrios rotos, piedrazos y demás frente al Consejo Deliberante de la capital provincial. Atendiendo a lo que podría pasar en los meses por venir y temiendo paros que afectaran a toda la sociedad, se impulsaron nuevas medidas para impedir que estos reclamos tengan un fuerte impacto.
En principio, el nuevo gobierno de Saadi, exdiputado nacional, no podría ser culpado por la falta de fondos para pasar a planta permanente a estos trabajadores ya que el Presupuesto 2020 fue confeccionado por la administración saliente. Es decir, no pueden responder a las quejas por algo que ellos no diagramaron. Además, la Carta Orgánica de la municipalidad establece la cantidad de empleados que se pueden incluir en la planta permanente, por lo que superar este porcentaje sería ilegal.
Es decir, que el gobierno de Saadi no podría sumar nuevos empleados ya que debe cumplir con lo estipulado en esta norma. Para lograr el objetivo de los precarizados se debería cambiar la Carta Orgánica, algo que llevaría tiempo. Este argumento no solo justifica la imposibilidad de cumplir con las exigencias de los trabajadores, sino que también le consigue tiempo a la gestión entrante para resolver el problema.
Por otro lado, con la declaración de la recolección de residuos como un servicio esencial, el nuevo Gobierno se asegura que la capital catamarqueña seguirá gozando de este servicio incluso cuando los trabajadores se encuentren en paro. De hecho, en caso de que se les prohíba la salida a los camiones recolectores, como ya pasó en ocasiones anteriores, tanto la justicia como las fuerzas de seguridad podrán intervenir para hacer que se cumpla este servicio fundamental.
“Lo que se busca es que los trabajadores tengan derechos a expresarse a manifestarse a través de medidas de acción directa pero que el municipio puede estar en condiciones de establecer o realizar un servicio básico de recolección, tratamiento, transporte y deposición final de los residuos”, explicó el concejal Nicolás Zavaleta al respecto. De esta forma, la gestión entrante ya cuenta con las cartas necesarias para asegurar un controlado comienzo de año, sin tener que enfrentarse a problemas de importante escala ocasionados por los precarizados.