Un nuevo dato puso en evidencia el favoritismo de la salud privada por sobre la pública. Mientras que la Obra Social de la Empleados Públicos (OSEP) de la provincia de Catamarca mantiene una deuda millonaria con los principales hospitales públicos de San Fernando del Valle y demás instituciones médicas de la provincia, se mantiene al día con las cuentas de las clínicas privadas. Así, mientras el sector público tiene que sobrevivir sin el necesario financiamiento, el sector privado cuenta con el dinero para actualizarse y continuar su negocio.
Se estima que solo al hospital San Juan Bautista, la OSEP le debe alrededor de $12 millones y otros $15 millones al Hospital de Niños. Este monto es muy significativo para los centros públicos que podrían mejorar sus servicios, e incluso su aparatología, si se saldara esta deuda. Sin embargo, desde la OSEP, y siguiendo decisiones políticas, la prioridad está en mantenerse al día con el sector privado.
Esta no es la primera vez que se favorece a la medicina privada antes que la pública. De hecho, no hay que dejar de señalar que el gobernador electo, Raúl Jalil, posee negocios en este área, que van desde centros médicos hasta ambulancias y una red de farmacias. Así, se vuelve evidente la decisión política de no financiar el sector público pero sí fomentar y cumplir con los pagos a sectores privados, que continúan creciendo en materia de tecnología, profundizando la grieta que los separa.
Sin embargo, la culpa no debe recaer en su totalidad en el director de la OSEP, Julio Cabur, sino también en los propios directivos de los hospitales de la provincia. A pesar de la deuda millonaria a favor del San Juan Bautista, por ejemplo, su directora, Silvia López, no manifestó ningún reclamo al respecto, algo que deja en evidencia la complicidad que existe entre las autoridades de la salud y los políticos.
Si bien cumplen funciones en el área de salud, sus acciones están lejos de garantizar el acceso gratuito y en igual de condiciones a todos los catamarqueños. Por el contrario, contribuyen con su desmoronamiento, afectando su funcionamiento y atrasando años al sector público. Desde salas de cirugía y aparatos, hasta profesionales y estructura eléctrica, todo esto configura el abismo que separa a los dos sectores.