A pesar de que el medio ambiente se está constituyendo como uno de los sectores más importantes en los gobiernos del mundo, la Secretaria de Ambiente de la provincia de Catamarca deja mucho que desear. En manos de Juan Rosales, un abogado pariente de la actual gobernadora Lucía Corpacci, la cartera se muestra impasible, mientras la situación se sale de control, repercutiendo en todos los ciudadanos.
El Aconquija estuvo recolectando el testimonio de inspectores de la provincia que exponen la realidad a la que se ve sometida Catamarca. Varios son los temas más reprochados, y entre ellos se destaca la falta de control en la pesca. Según señalaron los inspectores, las situaciones más complicadas se viven en los diques de Motegasta (La Paz) ,el Alto e Ipizca (Ancasti).
Allí, reportan que los pescadores, que muchas veces vienen desde otras provincias, sacan alrededor de 100 truchas por día cada uno, lo que, a la larga, termina por provocar un desequilibrio sin control en la zona, y un desbalance en la naturaleza. Además,otro tema a tener en cuenta, que también es de alto impacto, es el desmonte que se da, en especial, en la zona de Santa Rosa.
Como consecuencia de todo esto, las inundaciones se hacen cada vez más presentes y las fumigaciones que se les aplican a los cultivos de soja terminan por afectar no solo a la tierra, sino también a la atmósfera. De hecho, los inspectores ya advirtieron que la zona de el Salar de Pipanaca es un descontrol, ya que salen equipos de vigas de algarrobo a la Rioja, carbón, leña y tutores de algarrobo para los viñedos y nadie controla.
De esta forma, la flora autóctona de la provincia de Catamarca se encuentra en peligro de extinción y el medio ambiente de la provincia corre el riesgo de contaminarse. Estas son las consecuencias que hay que pagar por tener a una persona incapaz al frente de uno de los sectores más importantes del Gobierno provincial. De hecho, este sector fue también el responsable de la acumulación de residuos patógenos en el hospital San Juan Bautista, tras no haber cumplido con el pago a los recolectores durante un año.