Actualmente, la Corte de Justicia de Catamarca está conformada por 5 integrantes. En el pasado los integrantes eran 3, pero en la gestión del gobierno de Lucía Corpacci, se tomó la decisión de ampliar la comitiva, y agregarle 2 personas más. Esta cuestión no fue muy prometedora, ya que simplemente se ensanchó el gasto del funcionamiento de la justicia, y la burocracia, pero no se logró mayor eficacia en las cuestiones judiciales, y los reclamos siguen a la orden del día.
Hay que tener en cuenta que, de estos 5 integrantes, 2 responden casi de manera directa al gobierno, ya que fueron dispuestos en la Cámara por el propio gobierno, y que la continuidad de 2 de los antiguos integrantes está en veremos. Mencionamos a Amelia Sesto de Leiva y a Ricardo Cáceres, como los integrantes cuyo futuro es incierto. Cabe destacar que la legislatura ya tuvo un intento de desplazar a Ricardo Cáceres de su puesto, pero la maniobra no prosperó.
El sector peronista considera que Amelia y Ricardo deberían abandonar sus puestos por voluntad propia, y darles lugar a otras personas más jóvenes, por su edad. Los jueces, por suparte, argumentan que sus facultades siguen idóneas para desempeñar sus labores. También Raúl Cipitelli es uno de los integrantes de la Corte, no dispuesto por el actual gobierno.
Los nuevos dos integrantes fueron el Dr. Figueroa Vicario y Vilma Molina, hermana de Isauro Molina, diputado provincial peronista. Las especulaciones apuntan a que, en caso de que Sesto de Leiva dejara su cargo, ingresaría la actual diputada y reelecta Cecilia Guerrero, poniendo la balanza en tres a dos, a favor del gobierno. También, en el caso de que Ricardo Cáceres desistiera y no pudiera resistir más los intentos por quitarlo de su puesto de trabajo, habría otro lugar disponible a voluntad del gobierno entrante. En conclusión, la comitiva de justicia quedaría casi por completo amparando al gobierno de turno.
Llama la atención lo involucrada que está la política en la justicia, entendiendo que en Argentina son dos cuestiones que están supuestamente, o deberían estarlo, separadas. Hay una evidente intromisión de intereses personales en las cuestiones judiciales. Fiscales, jueces y demás investigadores, no desempeñan sus tareas con la requerida honestidad, y hacen “la vista gorda” a cuestiones relacionadas con funcionarios o a causas de corrupción. Todo esto apunta a una tranquilidad adentro del gobierno, brindada por la justicia, y un negocio en los cargos. Llama la atención que quienes investigan delitos de estado, después sean promovidos a mejores cargos.
Quizás la amplia mayoría en ambas cámaras, en la que muchos de sus integrantes responden al peronismo, y el poco protagonismo de la oposición, conformaron el desequilibrio de poder en Catamarca. Aparentemente, la justicia y el gobierno están a merced de las ocurrencias del gobierno de turno, y no de la ley y del bien común.