Los bombos y platillos no faltan a la hora de celebrar logros en nuestra provincia, y sus promesas y promociones tampoco. Lamentablemente, hay leyes aprobadas que continúan en la nada, o empeoraron situaciones, en lugar de alivianarlas.
En primer lugar, hablamos de la creación de la CAMYEN, una empresa estatal minera, que sus siglas significan justamente Catamarca Minera y Energética, paradójicamente, empeoró la situación minera de la provincia. Lo que iba a ser un hito, un antes y después en la historia de la minería, que fracasaba en nuestra provincia, solamente fue un episodio fatídico más. La CAMYEN no hizo más que agravar la problemática minera, y dejar a la provincia de Catamarca sin el oro que se está vendiendo a futuro, en este momento, a pesar de que la mina está parada, es decir, la provincia no recibe los recursos, por ese oro, que debería recibir.
Otro error en cuestiones mineras fue que el gobierno entregó el distrito minero Agua Rica a la empresa Yamana por 40 años, además con pérdidas millonarias en la extracción de la piedra rodocrosita en Minas Capillitas, que necesita de subsidio y dinero del estado.
En segundo lugar, hablamos de la Reforma Integral del Poder Judicial. Como informó El Aconquija, lo que iba a ser una mejora en el sistema judicial de la provincia, no fue más que una complicación más. Lejos de mejorar la eficacia y eficiencia del sistema, sólo se generó más burocracia y más presupuesto para el estado. Se avanzó en la suma de dos jueces más, pero no en la mejora del servicio, pues ahora las decisiones tardan inclusive más tiempo.
Por último, destacamos al fracaso en el establecimiento de la Ley de seguridad democrática. La nueva ley se había aprobado por la inseguridad, y se prometió una mejora y un cambio en la situación de la población de Catamarca. Por supuesto, el cambio no llegó, y la situación es cada vez peor, no sólo para los civiles, sino también para el cuerpo uniformado. La ley fue aprobada pero no reglamentada, y hay un vacío legal y una sensación de insuficiencia jurídica para quienes forman parte de la Policía. Las reglas no están claras. Se trató de rellenar algunos vacíos mediante resoluciones o disposiciones, que no alcanzan la jerarquía legal necesaria para regular algunas cuestiones que los policías necesitan para trabajar con tranquilidad.
Debería haberse reglamentado la ley, ya pasó el tiempo suficiente, aproximadamente 3 años, para que las cosas se hayan hecho correctamente. Además, no se entiende si esto terminó siendo simplemente una creación de puestos de trabajo o un atajo para que el poder ejecutivo aplicara las leyes según su discreción, porque al no haber una claridad, se aplican viejas leyes, cuando es convenientes, y nuevas, según a quién beneficie.