Ante los decretazos del gobernador Raúl Jalil, el doctor Pablo Vega, un barrionuevista paladar negro en el gremio de Vialidad Provincial presentó un recurso de amparo y recusó a 2 jueces de la Corte de Justica por lazos familiares y militancia política. Para Vega, se afectan derechos de los viales sin que Jalil pueda justificar la urgencia por lo que solicitó se dicte medida cautelar de no innovar ante la posibilidad ser aprobado en la Legislatura.
Vega fue designado Delegado Normalizador del Sindicato del Personal de Vialidad Provincial de la Provincia de Catamarca y en el planteó recusó a dos ministros de la Corte de Justicia. “La Dra. Vilma Juana Molina, quien detenta un parentesco en grado directo con el Diputado Provincial Isauro Molina quien a su vez es parte de la estructura Política del Poder Ejecutivo Provincial” expresa el escrito para que se abstenga la mencionada.
Más duro aún fue lo expresado sobre el Dr. Carlos Miguel Figueroa Vicario “quien ostenta una manifiesta pertenecía política al sector del actual Gobierno Provincial al haber sido Diputado Provincia y Asesor General de Gobierno; además de contar con una relación directa de amistad con numerosos miembros del Poder Ejecutivo Provincial que son de público y notorio conocimiento” por lo que “debe inhibirse de entender en la causa”.
Reforma Laboral
“Que vengo a interponer Acción de Amparo contra el Estado Provincial-Departamento Ejecutivo, en defensa de los derechos consagrados por los artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional, solicitando se declare por V.E. la ilegalidad e inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Decreto Acuerdo Nº 637, de fecha 20 de Abril de 2020, por causar un gravamen irreparable a los trabajadores”, expone Vega en el recurso de amparo.
Casi al final sostiene: “El Poder Judicial deberá evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables; en estos casos, la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima”. Para Vega el decreto es “arbitrario, ilegal e inconstitucional” y advierte que si es necesario llevará el reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.