Ganó Lucía Corpacci: La Corte validó la eliminación del Consejo de la Magistratura

 (Por Diego Nofal) La eliminación del Consejo de la Magistratura de Catamarca es un hecho. La Corte Suprema provincial, dio su veredicto y el organismo más democrático para la selección de magistrados quedará sin efecto. Recordemos que esto había empezado hace tres meses cuando la Legislatura local derogó la ley que creaba al organismo. Las quejas no se hicieron esperar y llegaron a los medios, donde la diputada Lucía Corpacci se encargó de revelar que la desarticulación del órgano colegiado era un proyecto suyo.  

De hecho fue la diputada la que advirtió en una de sus poquísimas intervenciones de este año en la Cámara baja que el órgano que servía para nombrar jueces era una “institución anticonstitucional”,  y sostuvo que en su gobierno había intentado eliminarlo con una reforma constitucional, que por falta de apoyo de la oposición no habían podido concretar. A confesión de parte, relevo de pruebas, suele decirse en el mundillo tribunalicio de los leguleyos.

Además Lucía Corpacci que no suele hablar en el recinto, al menos cuestiones de interés para los catamarqueños pidió una cuestión de privilegio para respaldar el embate institucional en Catamarca. En esa alocución reconoció que el Consejo de la Magistratura ya había sido ratificado democráticamente por la misma legislatura que luego lo dio de baja y además aseveró que la idea de eliminarlo no pertenece a la actual gestión, sino que fue concebida por ella cuando estaba a cargo el Poder Ejecutivo provincial.

Todo esto sirvió de respaldo para que Corte de Justicia, que fue muy amable con la exmandataria durante su gestión declare inadmisible la acción de inconstitucionalidad que había sido presentada por la oposición en contra de la decisión del Gobierno de eliminar el Consejo de la Magistratura para crear una Comisión Evaluadora.

 La mayoría de la Corte, integrada por Raúl Cippitelli, Vilma Molina y Miguel Figueroa Vicario, rechazó el planteo. En tanto que José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva habían considerado que había que admitir la acción y resolver el planteo, tal como lo había recomendado el procurador de la Corte, Enrique Lilljedahl.