La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, elevó un proyecto de ley para que la violencia de género, sea motivo de despido en los poderes del Estado. Además de los delitos contra la integridad sexual. Se consideró que la víctima tenga la posibilidad de acceder al derecho del empleo público, ingresando a la Administración por la categoría inicial del Escalafón que corresponda.
“Los hechos de violencia de género cometidos por los funcionarios, empleados y agentes del Estado provincial constituyen una conducta indecorosa e indigna de la consideración y confianza que su estado oficial exige”, propone el proyecto. Además, la ley elevada por Guerrero señala que “resultan incompatibles con el acceso, ejercicio y permanencia en la función pública”.
La primera medida del proyecto tiene como objetivo considerar la violencia de género como una ofensa a la dignidad de las mujeres y diversidades y una violación grave a sus derechos humanos. Los implicados por los delitos cometidos no podrán ingresar ni permanecer como funcionarios o empleados del Estado. Desde la ley proponen la cesantía inmediata del mismo.
Derecho a ingresar a la Administración
La otra medida importante de la propuesta es que en caso de que un empleado o agente fuese despedido de la Administración, la víctima de abuso sexual tendrá derecho a ingresar mediante la relación de empleo público; siempre y cuando sea mayor de edad y cumpla con los requisitos de idoneidad. Además, debe carecer de medios de vida propios o “insuficientes”.
En caso de cumplir con los requisitos, la víctima comenzaría a trabajar en la Administración en la categoría inicial del Escalafón que corresponda. El estado será quien capacite a la perjudicada para su desempeño en el trabajo. “Una de las causas más comunes por la que la mujer permanece en el ciclo de la violencia de género. Es justamente la dependencia económica respecto de su agresor”, concluyó Guerrero.
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