Cecilia Guerrero repudió el intento de declarar “Ciudad Pro Vida” a Santa María

La presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero, repudió el proyecto que busca declarar a Santa María “Ciudad Pro Vida“. A pedido del cura, Juan Antonio Gil Solozarno, y por medio del concejal, Fernando Cuello, se presentó la iniciativa. Tras conocerse la noticia diversas organizaciones feministas, de derechos humanos y funcionarias se pronunciaron en contra. Además, alertaron la comunidad por medio de un documento del Movimiento Feminista local.

“Rechazamos la pretensión de un Concejal de Santa Maria de declarar ciudad provida a dicha jurisdicción municipal”, expresó Cecilia Guerrero. En este marco resaltó que el proyecto se trata de “intromisiones eclesiásticas, absolutamente ajenas a las cuestiones del Estado”. La presidenta de Diputado, que es una de las tantas políticas que ya se ha presentado a favor de la legalización del aborto, no vaciló ni un segundo al acompañar el repudio.

Cecilia Guerrero expresó que se trata de una “abierta afectación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y disidencias”. Siguiendo la idea agregó que dicha acción presenta una “intencionalidad de perpetuación del dominio machista sobre nuestros cuerpos, autonomías y decisiones”.

En este sentido la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Catamarca (APDH) también adhirió al repudio. “Alertamos sobre los peligros de este tipo de proyectos, declaraciones o iniciativas”, declararon. Además subrayaron que se trata de “una ofensiva contra el acceso de las mujeres y personas gestantes a sus derechos sexuales y reproductivos”.

FEMICOYAS a la cabeza del reclamo

Ante el intento de declarar a Santa María “Ciudad Pro Vida” el colectivo feminista local, FEMICOYAS, emitió un documento donde detalla los fundamentos del repudio. “Consideramos que una declaración de este tipo no es inocente, sino que busca rechazar la práctica del aborto como opción sanitaria”, expresan. Además destacan que se trata de “obstaculizar y obstruir el acceso a la aplicación de la Ley ya aprobada de Interrupción Legal del Embarazo, el acceso a métodos anticonceptivos”.