Política

Víctor Luna pidió que no se avalen los actos de corrupción en Pomán

El presidente del bloque radical en diputados le habló al Gobierno.

Víctor Luna

El presidente del bloque radical en Diputados, Víctor Luna, pidió al Gobierno que “no avale los actos de corrupción en Pomán”. Además, agregó que los mismos fueron reconocidos en declaraciones públicas, implícita o explícitamente, por el propio intendente Francisco Gordillo. Por último, reveló que se presentará un pedido de informe para que se aclaren “maniobras de naturaleza irregular”.

“Hay un manto de sospechas que viene de mucho antes, sobre maniobras poco claras. Lo cual hace pensar que hay protección política e impunidad para el jefe comunal. Que en su sexto periodo consecutivo sigue frente del municipio”, manifestó Víctor Luna en diálogo con los medios. El opositor explicó que el reclamo va en conjunto con la desaparición de una alta suma de dinero y la falta de medidas administrativas.  

“Se desvanecen $15.000.000 y el Gobierno graciosamente sale corriendo rápido en auxilio del intendente vitalicio. Sin establecer medidas de orden administrativo, contable y judicial para resolver la grosera malversación de fondos perpetrado”, acusó Víctor Luna. Luego, aclaró que le llamó la atención que Francisco Gordillo no estuviera al tanto de lo que sucedía en su ausencia.

Víctor luna sobre las licencias de Francisco Gordillo

Continuando con la situación, el diputado dijo que “todos saben las veces que estuvo de licencia (Gordillo) en sus fracasados pasos por distintos ministerios. Siempre tuvo pleno conocimiento de lo que pasaba en su feudo”. También rescató que el intendente fue “patrocinador y auspiciante” de la presidenta del Concejo Deliberante, Alba Morales, al momento de designarla secretaria de Hacienda.

Víctor Luna calificó como llamativo que sea el propio intendente quien manifieste públicamente un faltante de “nada menos que 15 millones”. Lo que lo sorprendió fue que no supiese que haya presentado la denuncia en la Justicia. Por último, sostuvo que el Ejecutivo provincial tiene que arbitrar “las medidas para que su tan publicitada transparencia en la gestión no se ponga en duda”.

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