En Icaño, el intendente Pio Carletta náufraga en un manejo poco claro de los recursos o una improlijidad administrativa preocupante. Sin duda, hay un dinero que se pierde todos los meses y no se sabe dónde va. A los municipales les da un recibo tipo ticket de almacén. Al respecto, El Aconquija consultó al abogado de ATE, Ivan Sarquís. Problemas en la liquidación de sueldo, atraso de varios meses en el pago de haberes (y por supuesto aguinaldo), descuentos injustificables.
Sarquis comentó que los trabajadores reclaman pago de mayo, junio y el medio aguinaldo. Sostuvo que hay un desmanejo por parte de la municipalidad de Icaño del recurso humano en la liquidación de haberes y que el municipio administrado por Carletta alega dificultades para cumplimentar un trámite que otras comunas ya tienen. Por estas irregularidades los municipales de esta jurisdicción están con medidas de fuerza.
Sarquis mencionó que Icaño tiene trabajadores no bancarizados. Para el profesional en esa comuna hay un manejo poco claro de los recursos públicos (en el mejor de los casos) porque hay empleados que reclaman descuentos que no son justificados en tiempo y en forma por la patronal y es dinero que se va perdiendo y no se sabe muy bien dónde va, todos los meses, de forma arbitraria.
A los trabajadores se les extiende un recibo de sueldo que no sería una documentación adecuada. El municipio les da un recibo diferente con un ticket, como si fuera el ticket de una despensa que se agrega al recibo. Hay pagos parciales, no se les paga todo el sueldo a los trabajadores, se les paga una parte. Para variar, Carletta hizo caso omiso al compromiso asumido en la última conciliación obligatoria.
De manera que el trabajador no tiene recibos de sueldos para verificar efectivamente cuánto debería cobrar y cuánto se le descuenta. Recordemos que esta semana, El Aconquija presentó el caso de becadas municipales que prestan servicio en el hospital, que cobran 4 mil pesos mensuales y que hace 5 meses que no perciben sus haberes. De manera que la situación de Icaño es de una gravedad institucional digna de ser atendida por la Justicia (delitos administrativos) y por el propio gobernador Raúl Jalil (se trata de un jefe comunal peronista al que se le giró millones de pesos).
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