El juez, Rodrigo Morabito, expresó una profunda preocupación institucional por la futura implementación del Régimen Penal Juvenil en Catamarca. Esta normativa, cuya entrada en vigencia está programada para el 5 de septiembre de 2026, enfrenta obstáculos estructurales severos. Según el magistrado, el Estado provincial no garantiza hoy las condiciones mínimas para su ejecución efectiva. La falta de previsión pone en duda la capacidad estatal para procesar y contener a los menores en conflicto con la ley.
Uno de los puntos más críticos señalados por el especialista es la inexistencia de centros cerrados específicos en la provincia. Estos espacios resultan indispensables para alojar a adolescentes que cometen delitos de extrema gravedad bajo estándares de derechos humanos. En la actualidad, Catamarca carece de infraestructura edilicia adaptada a las exigencias de la nueva normativa penal. Por lo tanto, el sistema de detención vigente requiere una reconversión logística urgente que todavía no ha comenzado formalmente.
La nueva ley introduce además la figura del supervisor como un eje central del tratamiento socioeducativo. Este rol profesional exige una formación sólida y comprobable en psicología infantojuvenil, educación y asistencia social. Sin embargo, la provincia no cuenta con un plantel de personal especializado suficiente para cubrir estas funciones técnicas. La carencia de recursos humanos calificados pone en serio riesgo la efectividad de la contención estatal y los procesos de reinserción social.
El presupuesto para el nuevo sistema en Catamarca
Respecto al financiamiento, el juez Rodrigo Morabito sostuvo que las administraciones carecen de presupuesto suficiente para estas reformas. La implementación del Régimen Penal Juvenil en Catamarca demanda una inversión significativa que hoy parece ausente en las cuentas públicas provinciales. Sin partidas presupuestarias específicas, la reforma corre el riesgo de convertirse en una normativa de cumplimiento imposible. Esta situación genera una incertidumbre creciente sobre la seguridad jurídica en los procesos judiciales que involucren a menores.
La problemática penal juvenil se encuentra íntimamente vinculada al alarmante consumo de sustancias detectado en la juventud local. El magistrado advirtió que los ansiolíticos representan actualmente la sustancia de mayor consumo entre los niños en Catamarca. Además, identificó al alcohol como la principal vía de inicio hacia el consumo de estupefacientes de mayor peligrosidad. Estos datos, relevados por el Poder Judicial de Catamarca, revelan una crisis de salud pública que antecede al delito.
Existe también una crítica severa hacia la ausencia de políticas públicas de prevención integral desde el ámbito administrativo. Las autoridades judiciales consideran que el Gobierno de Catamarca no aborda el alcoholismo juvenil con la seriedad que el contexto actual requiere. Sin estrategias preventivas eficaces, el flujo de menores hacia el sistema penal continuará en un aumento constante y preocupante. En consecuencia, la reforma legal por sí sola no podrá resolver las causas estructurales de la violencia juvenil urbana.
Finalmente, la desatención estatal proyecta riesgos sistémicos sobre la seguridad ciudadana y la salud mental de los jóvenes involucrados. Si no se invierte en infraestructura y personal especializado antes de septiembre de 2026, el fracaso operativo será inevitable. El cumplimiento de los plazos legales requiere una planificación inmediata por parte del Gobierno de la Provincia de Catamarca. De lo contrario, la aplicación del Régimen Penal Juvenil en Catamarca carecerá de las garantías mínimas para proteger a la sociedad.
