Ante el incremento de violencia policial e institucional durante la cuarentena, la diputada Lidia Ascárate presentó un proyecto de ley. El mismo establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para las Fuerzas de Seguridad y Defensa de la Nación. La representante por Tucumán especificó que será en todos sus niveles y jerarquías, y para todas las fuerzas de seguridad de las unidades subnacionales que adhieren a la ley. El proyecto lleva también la firma del presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, entre otros legisladores que acompañan la iniciativa.
Ayer la funcionaria nacional por la oposición, había expresado: “Como representante de los tucumanos ante el Congreso de la Nación le pido al Sr. Gobernador que garantice la seguridad de todos los tucumanos”. En su publicación la tucumana remarcó: “Para que de una buena vez no tengamos que lamentar más víctimas por inseguridad en la provincia”. En este caso la mandataria emitía su reclamo y repudio por el hecho del asesinato al trabajador rural Porcel, muerto en Burruyacú.
El propósito de esta ley es potenciar la implementación de políticas de seguridad y de defensa efectivas en el marco del Estado de derecho. Detallan sobre el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y a su vez generar e implementar políticas de prevención de violencia institucional, y los procedimientos de resolución pacífica de conflictos. Desde la UCR informaron que el Programa Nacional de Formación Continua en Derechos Humanos. Tal como lo indica su nombre, entiende que la capacitación en Derechos Humanos debe formar parte del proceso formativo continuo de las Fuerzas de Seguridad y de Defensa.
El proyecto describe medidas enmarcadas dentro de un enfoque interdisciplinario e integral que genere espacios de aprendizaje y reflexión. Es decir, que las tareas y responsabilidades de las fuerzas de seguridad no deben estar limitadas a la prevención o persecución del delito, sino también a promover la tutela y garantía de todos los derechos humanos. Lo ocurrido en Tucumán con Luis Espinoza, entre otros tantos hechos lamentables, pone en evidencia que el accionar de las fuerzas de seguridad no se ajusta a los principios constitucionales y a los tratados de derechos humanos.
En este sentido, la diputada Ascárate asegura que esto otorgará las herramientas necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades no incurran en violaciones a los derechos humanos. El abuso de poder, el uso excesivo de la fuerza pública, las detenciones ilegales y arbitrarias y los actos de tortura, deberían desaparecer. Ante el evidente incremento en delitos es imprescindible generar mecanismos para la prevención de la discriminación y la violación de los derechos de personas históricamente vulneradas. Acompaña el proyecto con su firma, el diputado José Cano.