En las últimas elecciones, el radicalismo ganó nuevamente en la intendencia de Andalgalá. Pero aún así, el Frente de Todos quiere hacer su movida ahí. El nuevo gobierno de Raúl Jalil desea avanzar en la derogación de una ordenanza de Andalgalá que prohíbe la minería en la zona. Pero hay varias cuestiones legales, políticas y científicas respecto a este tema pendientes.
El conflicto es que en Catamarca no está prohibida la minería, sino que se la promueve desde el Gobierno de la Provincia. La discusión se da por la validez de esa ordenanza municipal de Andalgalá. Según el ordenamiento jurídico argentino, una Ley Provincial no puede estar por debajo de una ordenanza de algún municipio. A esto se aferra el peronismo para derogarla.
La gestión de Jalil pretende iniciar el proyecto de “Agua Rica” en “La Perla del Oeste” a como dé lugar. Pero para lograr esto necesita derogar ese instrumento municipal que continuaría vigente en la gestión de Eduardo Córdoba. El nuevo gobernador quiere realizar lo que Lucía Corpacci no pudo en la anterior gestión: poner en marcha la minería en Catamarca.
En este tema legal juega un papel muy importante la Legislatura de Catamarca. Es decir, senadores y diputados. Y por ahora, su intervención está siendo ineficiente, sobre todo con la participación social. Porque muchos aspectos de dicha participación, mandados desde la Corte Suprema, no están siendo contempladas desde las partes legales y administrativas. Por ende, la mina puede ser judicializada y paralizada en cualquier momento.
Nos encontramos en una lucha legal y política entre la facción “pro-minera” en la provincia y sus opositores. El no haber ganado la intendencia parece no ser un impedimento para el oficialismo para avanzar en el sector minero. Por otro lado, Eduardo Córdoba siempre se mostró en contra de la actividad minera en su localidad, alegando que “no estaban dadas las condiciones”. O sea que si cambian las condiciones, ¿él se volvería “pro-minero”?
