El Presidente estuvo a punto de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia, que oficializaba el traspaso del Poder Ejecutivo al Judicial el Programa de Protección de Testigos. La justicia no se mostró muy conforme por la decisión de Macri y presionó para dar marcha atrás. Alberto Fernández también se mostró en contra de la medida.
A horas de que el decreto sea formalmente publicado en el boletín oficial, el Gobierno decidió frenar su medida. En la misma se traspasaba el programa de protección de testigos, que iba a quedar a cargo de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país. Pero la justicia no quiso saber nada del tema, y lo rechazó desde un principio.
Con este DNU, 225 testigos y 97 familiares iban a pasar a manos de la Cámara de Casación. La Justicia justificó su crítica a la medida alegando tener que hacerse cargo de una estructura grande sin tener el control de las fuerzas de seguridad. A esto se sumó la mala relación de la mayoría de la Corte Suprema con el Gobierno de Mauricio Macri.
Recordemos que un DNU es una herramienta que tiene el gobierno, y que adquiere el mismo peso de una ley cuando es utilizada. El Congreso luego analiza si sigue vigente o no. Al decreto que quería sacar el presidente este miércoles solo le faltaba la firma. El Ministro Garavano hizo todo para que saliera, pero la presión de la justicia fue más, y todo quedó frenado.
El Presidente electo, Alberto Fernández se promulgó mediante Twitter, y desechando rumores, afirmó: “Solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”.
