El concepto de justicia parece ser distinto para las fuerzas de seguridad, al menos, así queda expuesto al analizar los casos de ciertos uniformados catamarqueños quienes, tras ser investigados e incluso acusados por maniobras ilegales, no fueron castigados. Al contrario, en varias ocasiones fueron beneficiados con mejores puestos. Así se refleja la corrupción que hay dentro del propio cuerpo policial, la dilatación de los casos y la complicidad de la justicia.
El caso del Mayor Daniel Roldán podría ser un claro ejemplo de esto. Señalado como supuesto cabecilla de sublevación policial 2013 con sospechas de hechos de corrupción en Andalgalá y Capayán, lejos de ser apartado de las fuerzas ante la sospecha fue designado Subjefe de Policía. De hecho, para permitir esta designación se pasó a retiro a los efectivos Grales Páez, Fernández, Galván, Vaquinzay, Montalván.
Sin embargo, tres meses después de su designación, el flamante Subjefe de la Policía renuncia alegando problemas personales. Su salida de la fuerza es aprobada en diciembre del 2016. Para ocupar su lugar es designada Ana Garay, una policía igualmente cuestionada por sus lazos familiares con tratantes de blancas detenidos en Belén. Sin embargo, la polémica en torno a Roldán recién estaba iniciando.
A poco tiempo de abandonar la fuerza, comenzó a circular un mensaje por Whatsapp, en donde se explicaban cuales habían sido los motivos de su renuncia. Desde la compra de repuestos con fondos de la institución hasta el cobro de viáticos no realizados fueron los delitos por los cuales señalaron a Roldán. Asimismo, en los mensajes anónimos se explicó que las autoridades estarían al tanto de estas maniobras, por lo que decidieron retirar al efectivos, en un intento por evitar el costo político del secretario de Seguridad de la provincia, Marcos Denett.
Aun así, Denett supo ponerse solo en la mira de la opinión pública, desde donde se lo acusó de apología del delito, después de que el funcionario se expidiera sobre el crimen de un ciudadano y manifestara que en su lugar, él habría hecho lo mismo. Pero los mensajes anónimos no quedaron en el olvido sino que llegaron a la justicia de la mano de Javier del Valle Varela, quien denunció a Denett, el Jefe de Policía y a Roldán.
Como resultado, Denett fue interpelado en la Legislatura Provincial. Mientras tanto, del Valle Varela fue atacado mientras se encontraba en su vehículo con su hijo de cinco años. Si bien no hubo heridos, las balas dejaron sus huellas en el auto, a modo de mensaje. Sin embargo, lejos de apaciguarse los cuestionamientos contra la policía, esta fuerza se vio sacudida con un segundo escándalo: el del pago de doble seguro y distribución de combustible a vehículos fuera de uso.
El caso fue denunciado por la Comisario General Nilda Leguizamon. Hasta el momento, el caso no tiene ningún imputado, a pesar de estar denunciados incluso el propio secretario de Seguridad y el Jefe policial Orlando Quevedo. De hecho, este mismo caso también puso en conocimiento la entrega de vehículos de la policía a otras reparticiones. Lejos de castigarse a los responsables, el Juzgado Federal intervino por una supuesta causa de espionaje contra personal policial que apoyaba a Leguizamón.
Un tercer escándalo en torno a la policía se desató después de conocerse la existencia de una orden para realizar un censo político, violando la ley nacional de inteligencia. Este hecho fue dado a conocer por El Intransigente.com y enseguida fue desmentido por el propio Denett, quien ordenó la suspensión de dicho accionar y la eliminación de las pruebas. Poco después, el funcionario es denunciado por el efectivo Javier Varela y el dueño de un lavadero por uso de fondos públicos para lavado de vehículos particulares del Secretario de seguridad.
Sin embargo, el caso nunca avanzó, algo que benefició al fiscal, el Dr. Sago, quien logró convertirse en juez, como parte del premio por no haber agilizado la causa. Otro de los casos que mancha la reputación de las instituciones policiales es el relacionado con la Dirección de Drogas. En este caso el efectivo Cardenes acusó al subalterno Valdez de entablar una relación cercana con un conocido narcotraficante. Como resultado, el denunciante fue removido de su puesto y al acusado se le otorga una licencia.
