El Gobierno nacional decidió postergar la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) en un contexto de suba internacional del precio del petróleo, impulsada por la escalada del conflicto en Medio Oriente. La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, apunta a contener el impacto en los surtidores y evitar nuevos incrementos en el corto plazo, especialmente de cara al mes de mayo.
Según se detalló en la normativa, la decisión responde a la intención de sostener un esquema que no afecte la recuperación económica. En ese sentido, desde el Poder Ejecutivo señalaron que la postergación busca “estimular el crecimiento” dentro de un sendero fiscal considerado sostenible, por lo que evaluaron como necesario diferir nuevamente la aplicación de estos ajustes impositivos.
Con esta resolución, el Gobierno trasladó a mayo la definición sobre una eventual actualización de los tributos. En la Casa Rosada estiman que para entonces podría haber una desaceleración en las tensiones internacionales, particularmente en el conflicto que involucra a Irán y Estados Unidos, lo que permitiría una baja en el precio del barril de petróleo. Bajo ese escenario, confían en que el costo de los combustibles podría estabilizarse o incluso reducirse.
En paralelo, la administración del presidente Javier Milei viene aplicando un esquema de ajustes parciales en los impuestos a los combustibles. Desde septiembre del año pasado, se estableció que las actualizaciones se calculen en función de la inflación mensual y se apliquen de manera trimestral. Asimismo, se fijaron montos diferenciales para el gasoil destinado a regiones específicas, como las provincias patagónicas, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
A pesar de este esquema, el Gobierno ha optado por postergar en varias oportunidades la actualización completa de estos impuestos desde mediados de 2024, con el objetivo de moderar su impacto en los precios finales. De acuerdo con estimaciones citadas por la agencia Noticias Argentinas, estas decisiones implicaron una resignación de ingresos para el Estado superior a los 2.300 millones de dólares.
