Ante la demanda de más presencia de efectivos policiales en las calles por parte de la población, el Gobierno ha mandado a los aspirantes becados a recorrer las calles sin que tengan estado policial, sin seguro, sin el sueldo correspondiente y sin comunicación porque ni siquiera cuentan con un handy.
Estos jóvenes funcionan como agentes de prevención pero cuando se produce el delito no pueden actuar. ¿Qué tienen que hacer? Llamar por teléfono a un policía, como haría cualquier vecino. Los aspirantes no pueden intervenir de manera directa ante un hecho delictivo que muchas veces es cuestión de segundos, un momento, un instante.
Otro tema es cómo se haría cargo el Gobierno ante algún eventual problema físico o de salud que alguno de los aspirante sufra en sus funciones porque vale recordar que están precarizados. Se les paga una beca pero se los hace trabajar aunque no esté el decreto de la designación formal, no tienen obra social, ni seguro, ni un buen sueldo.
En la fuerza de seguridad faltan vehículos, camionetas, motos y personal pero es un error especular con los aspirantes y mandarlos en una frágil situación a las calles, sin contar con mayor protección, sin seguro y sin ningún tipo de comunicación. Es correcto capacitarlos y que ganen experiencia pero de esta forma es peligroso.
El gobernador Raúl Jalil, el ex Jefe de Policía y actual Secretario de Seguridad, Orlando Quevedo, o el ministro de Seguridad de la provincia, el Doctor Hernán Martel, deberían estar al tanto de esta situación para evitar riesgos innecesarios como autoridades competentes.
