Por Federico Mena Saravia, Director del Intransigente
El avance de la pandemia de COVID-19 en el mundo tuvo una reacción inmediata en la Argentina donde su presidente, Alberto Fernández, tomó medidas de urgencia para evitar que el virus se anclara en la sociedad como ha ocurrido en los países europeos.
Si bien tempranas, estas disposiciones no están siendo acatadas a conciencia por la población obligando al Gobierno a librar una verdadera cruzada contra la despreocupación de vastos sectores para los cuales la cuarentena ordenada es un sinónimo de vacaciones temporales y continúa su vida normal sin adoptar ninguna conducta de seguridad.
Junto con estas medidas se deberá pensar además en disposiciones de orden económico y fiscal, ya que la pandemia al restringir la libertad ambulatoria de los ciudadanos afecta los intereses económicos del sector ubicado en la economía no formal, con un impacto directo en los cuentapropistas y monotributistas quienes ven imperativamente recortados sus ingresos.
Con este cuadro la situación del país adquiere un matiz extraordinariamente complejo ya que el encierro forzado y la imposibilidad de generar ingresos pueden conformar un cóctel social altamente volátil en atención a que las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes para disminuir el impacto de la curva de contagio. En ese escenario la decisión del presidente de ordenar el toque de queda y autorizar la salida del Ejército a las calles para patrullar resultaría muy cercana.
Las proyecciones de la crisis sanitaria obligarían a que esta situación de excepción llegara a prolongarse más allá del 30 de abril; así, no resulta desatinado pensar en que se pudieran generar conflictos sociales que podrían desembocar en un estallido social, atento a que en épocas recientes por situaciones de menor gravedad en los conglomerados urbanos más deprimidos se produjeron situaciones de violencia.
El Gobierno tiene decisiones firmes y los cercanos contactos del presidente Fernández con la cúpula del Ejercito más la arenga del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que se viralizó en las Redes dirigida a los efectivos policiales en la cual ensaya un discurso cargado de advertencias y diciéndole a la Fuerza que debe cuidar aunque veladamente los autoriza a reprimir cualquier desborde, insinúa de que en las próximas horas el panorama asumirá un rigor aún mayor, de donde todo se ordena a la aplicación de la famosa teoría del bien mayor protegido, necesaria en esta hora, sin duda.
En la medida en que la situación sanitaria se complique una de las medidas que se analizan –según revela una fuente cercana al Gobierno- sería la reducción horaria de atención en los grandes centros comerciales lo cual traería aparejando un desabastecimiento que irritaría el humor social. Ésta es la preocupación que subyace en el Gobierno y que se puede interpretar entre líneas en la relación del presidente con el Ejército y en la dicha arenga de Berni.
El deseo íntimo de todo argentino es que todo esto sea en la Argentina nada más que un hecho limitado en el tiempo y retorne lo más pronto posible la normalidad. También, que esta experiencia social deje una enseñanza para los tiempos en el sentido de que las discusiones en adelante deben pasar por temas más profundos y que por fin, convoque a una unidad política y acerque posiciones, ya que surge indubitablemente que la vida como valor supremo es el bien jurídico y social que merece todo empeño, tanto del Gobierno como de los ciudadanos.
En medio de tamaña crisis y sus posibles consecuencias, en un país donde la Iglesia Católica es fundacional y la gran mayoría del pueblo profesa esa confesión, el silencio del Papa Francisco, más allá de una bendición, resulta sintomático; más en un momento en que el mundo precisa, sobre todo, sentir que la esperanza es mucho más que una palabra y debe ser una vivencia que apacigüe los ánimos y aúne –como enseña el Evangelio- a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
