En la jornada de este martes, el Tribunal Oral Federal N°2 anunció que el juicio contra Cristina Kirchner se reanudará. En esta causa, la expresidente y otros 20 individuos están acusados por supuesto fraude en la obra pública. Por la pandemia del coronavirus, y para evitar contagios, la corte determinó que esta etapa se desarrolle por videoconferencia. Solo los jueces estarán en la sala de Comodoro Py.
El Intransigente informó que se está en la etapa de recepción de testigos. Para ello, los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso le pidieron al Consejo de la Magistratura que informe sobre los imputados. A su vez de abogados que habrán de participar en el juicio. “Recabada que sea la información, ofíciese para su conocimiento a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura e infórmese asimismo la fecha en concreto”, ordenó el Tribunal.
El secretario y el testigo en Comodoro Py, la totalidad de las partes y demás participantes habituales del debate lo harán a través del sistema de videoconferencia. Además, tal cual venían llevándose a cabo, las audiencias se realizarán todos los lunes a partir de las 9:30. Asimismo por el momento se prevé una larga sucesión de testigos en el debate, que comenzó hace unos meses. Hasta el momento, al cumplirse un año del juicio, tan solo declararon 6 testigos de los más de 100 que están citados.
El 21 de mayo pasado se cumplió un año exacto del comienzo del proceso judicial. Proceso en el que se realizaron 25 audiencias una vez por semana. El juicio se suspendió en marzo pasado cuando el Poder Ejecutivo dispuso la cuarentena obligatoria frente al riesgo de coronavirus. Y cuando estaba por prestar declaración testimonial Javier Iguacel, quien fuera director nacional de Vialidad durante la gestión de Mauricio Macri.
Vale mencionar que además de la vicepresidente están acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido. A su vez el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros exfuncionarios. La imputación es por las presuntas irregularidades en la concesión de las 52 obras públicas. Por lo tanto que las empresas recibieron para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina Kirchner.
