La Municipalidad de Santa María está gestionada por el peronista Juan Pablo Sánchez. Este municipio trabaja en el Programa de “Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Ciudad”. Este proyecto para Santa María incluye la construcción y el mejoramiento de cordones cunetas y badenes de cruce, el completamiento de la red cloacal, la construcción de cámaras de registros, la nivelación de calles y la posterior pavimentación. Además a las obras se suma la respectiva señalización urbana y reconversión a LED del alumbrado público.
Este proyecto decretó una malversación de fondos ya que el municipio debe justificar con otro proyecto cómo se hará la devolución de ese dinero. Por su parte, empresarios y propietarios de Empresas Constructoras de Santa María tomaron conocimiento de la solicitud al Concejo Deliberante, de una “contratación directa” para la realización de la obra. Los mismos presentaron a los concejales, antes de que dicho proyecto se lleve a cabo, el Concurso de Precios que debe ser realizado por el Sector Público Municipal.
Los empresarios remarcan que ellos se encuentran en condiciones de poder concursar, es decir que cuentan con la documentación requerida y con toda la maquinaria para lograr la obra a construir. El sector justifica que debido a la parálisis de la actividad frente a la pandemia del covid-19 “es imperante para nosotros participar del concurso para garantizar la fuente laboral de nuestro personal”. Y que se debe respetar los principios de economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos públicos, así como también la priorización de empresas y mano obra local.
Pero ¿Cuál es el problema? La maquinaria para el movimiento de suelo y el sacado de escombros pertenece a la Provincia y también al municipio de Santa María. Está claro que esto no pertenece a la empresa a la que se le pagó por la obra pública. Si esto no es corrupción… entonces ¿Qué es? Estas son obras que se realizan con dinero de regalías mineras, proyecto aprobado a las apuradas antes de que el gobernador Raúl Jalil les quite precisamente el control.
Las regalías para estos gastos cuestionables, provienen de fondos mineros para obras impugnables, desde el punto de vista del famoso “desarrollo sustentable”. La obra de Av. Hipólito Irigoyen fue aprobada por el bloque mayoritario del Concejo Deliberante, es el problema de tener un Concejo Deliberante de escribanía. ¿Cómo se hará la devolución de ese dinero por parte de la empresa elegida?
