Hoy la organización Memoria Activa, en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elevó sus reclamos contra el Estado argentino. Lo hicieron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ubicada en Ecuador. ¿La razón? Que desde Argentina nunca se garantizó el acceso por parte de familiares de víctimas a lo que verdaderamente pasó.
Es decir, que el Gobierno no hizo todo lo que estaba a su alcance para que esas personas accedieran a la verdad y a la justicia. También, se lo acusa de no tomar las medidas de prevención necesarias cuando ocurrió la tragedia. La representante del CELS, Paula Litvachky, declaró durante su alegato que a la causa de AMIA la usaron con fines políticos a nivel internacional.
Litvachky afirma que hubo un movimiento en conjunto de instalar en todos lados una versión “oficial” del ataque. “En lo últimos años se vio un tratamiento de la causa AMIA en diversos foros internacionales. Pero no se le prestó atención a las víctimas”, exclamó la representante. Asimismo, contó a la agencia de noticias Télam, que hubo una investigación minuciosa por parte de agencias de inteligencia.
Por otra parte, Litvachky relacionó la investigación del caso con la misteriosa muerte de Alberto Nisman, fiscal de la causa. Exclamó que “la fiscalía emprolijó la investigación luego de la muerte de Nisman. Se descubrieron varias cosas nuevas de la causa, pero ahora esa gestión de la fiscalía se disolvió”. La exponente del CELS pone el foco en las irregularidades en el procedimiento llevado a cabo.
Por último, dejó en claro la responsabilidad de la CIDH en esta causa. “La comisión debe dictar el informe de admisibilidad y fondo. Primero, tiene que dictar si efectivamente se sanciona al Estado argentino por haber violado los derechos alegados. Después se decide si el caso se lo pasa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“, declaró Litvachky.
