El País

El Ministerio de Economía quiere lograr un acuerdo con los acreedores

Esto se da a dos semanas de que expire el plazo para el acuerdo.

Ministerio de Economía

Hace dos semanas el gobierno de la nación presentó su plan de reestructuración de la deuda. El Poder Ejecutivo quiere pagar recién en 2023 y no abonar los intereses. Esto no fue bien recibido por los bonistas que rechazaron de inmediato la propuesta de Argentina. Por esta razón, el Ministerio de Economía reanudó la negociación con los acreedores, a dos semanas de que expire el plazo para llegar a un acuerdo.

Fuentes de grandes grupos de inversores le manifestaron a NA que el gobierno podría mejorar la oferta. Esto es para superar el rechazo inicial de los tenedores de títulos, lo que hoy impactó en la cotización de los bonos en la Bolsa de Comercio. Los mismos mejoraron 9%, en el último tramo de la rueda de negocios, cuando comenzaron a circular en el mercado fuertes versiones de que se conocerá una nueva propuesta.

El 8 de mayo los bonistas deben responder si aceptan la propuesta de canje por hasta u$s 66.238 millones. Esta propone una de quita del 62% en los intereses y de 5,4% sobre el capital. También tres años de gracia para el pago que se iniciará en el 2024. El Ministerio de Economía ha dejado en claro que no puede pagar más. Los fondos de inversión insisten en su rechazo, para presionar y lograr una mejora en la oferta oficial.

Tanto el gobierno como los acreedores ha demostrado hasta el momento posturas inflexibles. Esta es una situación que figura como antecedente en los anteriores canjes, que luego finalizaron en un acuerdo. En los mercados se sigue especulando que lo que menos le conviene al gobierno es el default y los bonistas ajustan su estrategia para no perder mucho y buscan acercar posiciones.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, continuó las negociaciones a través de videoconferencias. También está previsto que funcionarios de la Unidad de Reestructuración de la Deuda y la Secretaría de Finanzas, mantengan contactos con los acreedores. Esto junto a representantes de los bancos asesores y los abogados norteamericano que contrató el país para supervisar los posibles acuerdos legales.

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