El País

El Gobierno nacional extendió el congelamiento de las tarifas de electricidad

La intención es evitar las subas durante el verano.

Gobierno nacional

El Gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. La intención es evitar que durante el verano se trasladen los aumentos de costos a las boletas de los usuarios. En la resolución firmada por la Secretaría de Energía se especifica que las tarifas se encuentran “subsidiadas por el Estado nacional de acuerdo a cada segmento de demanda”.

“Con el objetivo de transparentar la aplicación de fondos públicos al costo de la energía, es necesario informar a los usuarios en su factura; el monto correspondiente al subsidio del Estado, visualizando de esta forma el importa que debería abonar el usuario; de no existir el subsidio”, agrega la resolución. Las distribuidoras solo tienen permitido trasladarse a los clientes un determinado porcentaje del costo de la generación de electricidad.

En lo que va del 2021, el Gobierno nacional ya destinó subsidios por $900.000 millones, lo cual posibilitó que los usuarios paguen menos del 30% del costo real de la electricidad. Por otro lado, el Ejecutivo indicó que en la Ley de Presupuesto para el 2022 se buscará que la “cobertura” sobre los costos llegue al 43%. Esto implicará un aumento para las tarifas actuales después de abril del año próximo.

Hay que recordar que la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declaró en 2019 la emergencia pública en distintas materias, entre ellas la tarifaria. “Para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva; y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente”, señala.

La red de fiscalización de precios

Días atrás, el Gobierno nacional armó una red de fiscalización de precios de los productos con los gobernadores de todo el país. Según el decreto 745/2021 publicado este viernes, los funcionarios podrán secuestrar todo elemento relativo a la administración de los negocios por hasta 30 días hábiles. Además, serán capaz de clausurar preventivamente hasta por tres días los locales en los que se hubiere constatado una infracción.

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