El juez laboral Raúl Horacio Ojeda dispuso la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional tras una presentación realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida, de carácter cautelar, traslada ahora la definición de fondo al ámbito judicial y deja en manos de la Corte Suprema el futuro de uno de los ejes centrales del proyecto oficial aprobado recientemente en el Congreso.
El magistrado explicó que su decisión apunta a evitar posibles perjuicios mientras se analiza la constitucionalidad de la norma. En ese sentido, calificó la resolución como “extraordinaria”, en línea con lo que consideró un contexto también excepcional. Según detalló, el objetivo es evaluar si existen posibles vicios de inconstitucionalidad en algunos puntos de la reforma, particularmente en aquellos vinculados a principios básicos del derecho laboral.
Ojeda sostuvo que, en una primera revisión, ciertos artículos podrían entrar en conflicto con garantías históricas del derecho del trabajo, como el principio de protección al trabajador y la prohibición de regresividad en materia de derechos. A partir de esta interpretación preliminar, resolvió suspender su aplicación hasta tanto el Estado nacional presente sus argumentos en defensa de la normativa cuestionada.
En paralelo, el juez también se refirió al debate sobre la denominada “industria del juicio”, concepto utilizado por el Gobierno para justificar cambios en la legislación laboral. Al respecto, planteó que se trata de una discusión de carácter ideológico y defendió el rol de la Justicia del Trabajo como un ámbito con una mirada específica sobre las desigualdades entre empleadores y trabajadores. Según explicó, a diferencia del fuero civil, el laboral contempla que no existe una igualdad real de condiciones entre las partes.
Además, relativizó el impacto de los litigios laborales al señalar que solo un porcentaje reducido de trabajadores inicia demandas judiciales, pese al alto nivel de informalidad en el empleo. En esa línea, indicó que entre un 30% y 40% de los casos son rechazados, lo que, a su entender, desarma la idea de un uso indiscriminado del sistema judicial.
Por último, Ojeda respondió a cuestionamientos sobre su trayectoria previa, que incluyó un paso como asesor del exministro de Trabajo Carlos Tomada. El juez rechazó que ese antecedente condicione su actuación actual y aseguró que ha tomado decisiones contrarias a la gestión en la que trabajó, reafirmando su independencia en el ejercicio del cargo.
